Rodrigo Huerta Pegueros*
Los
conflictos sociales que de manera consecutiva se presentan en el estado de
Guerrero tienen que ver principalmente con la marginación, pobreza, rezago e
injusticias que por décadas se han venido agudizando por la incapacidad,
soberbia, desatención o ineficacia de gobiernos que han representado los
intereses de la comunidad guerrerense.
Quizás,
antes de que la entidad fuese reconocida como tal, hace ya casi 164 años, los
pobladores de la región eran sometidos a crueles tratos por los hacendados,
terratenientes y comerciantes, mismos que aliados con el poder público y
particularmente con los militares destacamentados en estas latitudes, hacían a
su antojo los que les viniese en gana. Esta situación prevaleció una vez que se conformó la entidad
como tal. Nada cambio en la forma como se manejaban los recursos naturales y
públicos.
Las
diversas luchas sociales que tuvieron que organizar y enfrentar los grupos
liberales de principios de los siglo XIX y XX, costaron cientos de vidas
humanas, particularmente de indígenas y campesinos. Las desigualdades sociales
eran cada vez más notorias y la esclavitud que había sido abolida en México, en
forma engañosa prevalecía en haciendas y ciudades comerciales, particularmente
bajo el yugo de castas divinas, españoles y mestizos. Todos ellos protegidos por los gobiernos
centralistas encabezados por generales o empresarios de viejo cuño.
La
evolución de nuestro sistema político nacional abrió canales para que las
nuevas generaciones de guerrerenses tuviesen oportunidad de participar en la
toma de decisiones, aunque la mayoría de las veces, las voces discordantes de
los potentados políticos o económicos, eran sometidas a través de acciones
violentas o extrajudiciales, lo cual convirtió a esta entidad como un estado
bronco e ingobernable, en el más amplio concepto de la palabra. Guerrero
bronco, como fue bautizado por los politólogos de la época posrevolucionaria
quedó sellado por siempre.
La
historia nacional y regional nos ha enseñado de que Guerrero ha tenido que
caminar un largo sendero para llegar a obtener los bienes más preciados de
cualquier individuo como son la libertad y la independencia, sin lograr obtener
a plenitud sus derechos constitucionales debidamente tutelados como son la
educación, la salud, la seguridad social y jurídica, bienestar y desarrollo.
La
noche se prolongó por décadas hasta mediados del siglo próximo pasado cuando la
nación tuvo fuertes convulsiones sociales de grupos y organizaciones aspirantes
a la libertad de expresión, la petición de un alto a la represión por motivos
políticos, acceso a la movilidad en el país y el acceso general a una educación
laica y gratuita. Asimismo se solicitaban oportunidades para obtener mejores
empleos y más remunerados y acceso libre y generalizado a los servicios públicos
elementales y la apertura para una mayor participación política y acceso a los
poderes públicos como alcaldías, gubernaturas, diputaciones locales y
federales, senadurías y presidencia de la República.
Estas
peticiones arrancaron una serie de respuestas negativas de parte de los
gobernantes no prestos ni dispuestos a hacer concesiones y su respuesta fue la
represión, el encarcelamiento, la ley lugar, la desaparición de personas y el
cirre de centros educativos o asfixia a través de los subsidios a las
universidades públicas como fue el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero
en los años sesentas, setentas y ochentas del último tercio del siglo XX.
Los
resultados de los movimientos de protesta y movilización social rindieron sus
frutos. Se logró vencer a los dictadores del viejo régimen priista y bajo presión
hicieron concesiones para que el poder legislativo fuese renovado con la
presencia de figuras míticas de la lucha social y revolucionaria. Los discursos
discordantes con los del sistema establecido se hicieron patente en los escasos
medios de comunicación que se atrevieron a desafiar al todavía viejo régimen
intolerante, manipulador y represor.
Tras
esa irrupción de líderes opositores al régimen priista, las reformas legales se
dieron en cascada y se amplió el régimen de partidos políticos, se abrieron
espacios para elegir alcaldes y gobernadores de otras facciones ideológicas y
se reformó la ley para ofrecer garantías a todos los ciudadanos del país para
hacer válido su derecho a la libertad de expresión y de prensa. Fue así como se
abrieron nuevos espacios para el ejercicio de la opinión pública y se contrajo
la forma de actuar de los gobernantes en contra de los periodistas o
comunicadores incómodos.
Todas
estos cambios ofrecieron a las nuevas generaciones de mexicanos y de
guerrerenses una nueva forma de actuar en sus territorios, aunque huelga decir
que en Guerrero, los cambios que se registraron a nivel central, tardaron en
hacerse vigente, pues todavía en esta entidad los hombres de horca y cuchillo
seguían operando y marcando la pauta de la función pública en detrimento de la
incipiente democracia que se había inaugurado años antes.
El
proceso democrático en la entidad fue, o mejor dicho, ha sido más lento que en
otras latitudes del territorio nacional. Aquí, la separación de poderes, la
rendición de cuentas, la transparencia, el respeto al estado de derecho, la
atención a la demanda social, ha sido un mito, no es ni por asomo, una realidad
tangible. Así lo dicen las instituciones oficiales y no gubernamentales que
hacen ejercicio de auditorías a las entidades federativas del país. Guerrero ha
salido más que reprobado, ocupa el último sitio de las 32 entidades del país.
Este
comportamiento del poder público en Guerrero ha dado como resultado el
incremento en los conflictos sociales. Las demandas de diversos grupos
sectoriales no han sido atendidas, o han sido relegadas o simplemente han
tenido una atención deficiente y con los resultados esperados, o sea, la
irritación social y el descrédito que impacta inobjetablemente en la
legitimidad, que es una de las bases fundamentales de la gobernabilidad, sin
olvidar que también la eficacia ha sido puesta a prueba y ha sido reprobada, lo
cual nos lleva a la conclusión de que el binomio en que descansa la
gobernabilidad en una entidad como la de Guerrero, son disfuncionales.
No
es, de ninguna forma desconocido para el gobierno de Guerrero que su
legitimidad depende de la eficacia en la gestión pública y al parecer, no ha
pasado la prueba, particularmente en la demanda social hoy convertida en una
sobrecarga de demandas que ha venido erosionando peligrosamente su legitimidad
que obtuvo en elecciones competidas y libres.
En
Guerrero el problema no es la gobernabilidad sino la disfunción de una
administración estatal que no es ni ha sido eficaz aunque sí en algún tiempo,
legítimo.
Desde
el punto de vista de la estabilidad político-social, el sistema
democrático esta frente a un atolladero
y en la misma situación se encuentra el Estado asistencialista.
Periodista/Analista
Político*
