Ricardo Mejía Berdeja
La gran tragedia para Michoacán ha sido la
utilización de dicha entidad federativa, por parte de las administraciones de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como un laboratorio experimental para sus
estrategias fallidas en materia de seguridad pública.
El
11 de diciembre de 2006, a menos de dos semanas de asumir la Presidencia,
Calderón lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, en la que participaron 4 mil
260 elementos del Ejército, mil 54 miembros de la Marina, 300 policías
federales y agentes fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR),
quienes llegaron a la entidad con aeronaves e imponentes vehículos; tal como
ahora lo hacen en el actual periodo de Peña Nieto.
Calderón Hinojosa no obtuvo ni un solo
logro relevante con aquella operación y
sí desató una guerra que inundó al país en sangre y que agravó los problemas ya
existentes en Michoacán.
En dicho estado se multiplicó el crimen
organizado; el control y los cobros por parte de los cárteles de las drogas se
expandieron a prácticamente todas las actividades productivas y en medio de la
incapacidad y la corrupción de las autoridades, así como del asesinato a sangre
fría de varios funcionarios, surgieron las autodefensas.
Estos grupos comenzaron a organizarse en
municipios como Coalcomán o Tepalcatepec, lugar de donde surge la propuesta
inicial que tomó inspiración en el ejemplo
del municipio autónomo de Cherán. Dentro de la organización de las
autodefensas, se ve involucrada toda la población, desde pequeños comerciantes
hasta campesinos, taxistas, propietarios de restaurantes, mueblerías, etc.,
pues justamente toda la población se veía sometida a los robos, extorsiones,
secuestros, violaciones, asesinatos y cobro de piso y de “seguridad” por parte
del cártel predominante en la región. Sin embargo, a pesar de que todos los
sectores productivos de dichas sociedades se mantenían en alerta, la red de
defensa fue dirigida por ganaderos y empresarios agrícolas, cuyo líder es el médico
y profesor Mireles. Durante febrero y marzo de 2013, mientras
llevaban a cabo sus primeras acciones contra los Templarios, e indirectamente
contra los gobiernos municipales y estatal, que habían demostrado estar
infiltrados en diversos niveles, el ejército y el Gobierno Federal intentaron
disuadirlos para dejar las armas aunque después hubo un acuerdo con los “alzados”
para combatir a la delincuencia organizada, afianzando el convenio con el envío
de 5 mil soldados y policías federales el 21 de mayo pasado.
El origen de los grupos de auto defensas es
la incapacidad del estado para hacer frente a la delincuencia, el hartazgo
ciudadano frente al sometimiento del poder gubernamental a los grupos
criminales, sin embargo a este origen legítimo siguió la tolerancia del
gobierno federal a su libre actuación, desbordándose su presencia en tierra
caliente y varios municipios, con lo cual el gobierno federal reprodujó la
estrategia que en su tiempo operara el General Óscar Naranjo, asesor colombiano
de Peña Nieto, de auspiciar "grupos
ciudadanos" que combatieran a la delincuencia.
Una vez que las auto defensas adelantaron
posiciones, que estos grupos de autodefensa ya se habían expandido a 14 municipios, más de 60 localidades y
anunciaran su próxima presencia en otros 5 municipios que incluían Apatzingán y
Uruapan, principales bastiones del cártel de los Templarios, y que los grupos
de “opositores” a las autodefensas bloquearon carreteras e incendiaron camiones
y negocios en diversos puntos de Michoacán, fue cuando el gobierno federal
decidió dar un nuevo viraje.
Esta estrategia surgió dando la instrucción
prioritaria e inmediata de desarmar a las autodefensas aprovechando una
coyuntura importantísima y estratégica, “cayó” la avioneta en la que viajaba el
líder de los grupos rebeldes armados, el doctor José Manuel Mireles, mientras
las autodefensas avanzaban hacia Apatzingán y Uruapan, principales bastiones
del cártel de los Templarios y, a su vez, diversos grupos “opositores” a las autodefensas
bloqueaban carreteras, incendiaban camiones y negocios en diversos puntos de
Michoacán.
“Vamos a Tierra Caliente, a las
comunidades. Vamos a restablecer el orden, vamos a restablecer el desarrollo
por el bien de todos los michoacanos”, dijo Osorio Chong la mañana del lunes 13
de enero y en la madrugada del día 14, a través de las redes sociales, la
población de Michoacán denunciaba y pedía ayuda ante el primer enfrentamiento
entre las fuerzas federales y las autodefensas, quienes luchaban por mantener
sus armas. El resultado de la primera acción de este plan fue la reprobable
muerte de personas, incluida una niña de 11 años, aunque la cifra oficial
solamente reconozca tres muertos. Frente a las versiones encontradas por los
hechos sangrientos de Antúnez en Parácuaro, la Comisión Permanente solicitó información
al Ejecutivo federal.
Después vendría la designación de Alfredo
Castillo Cervantes como Procónsul en Michoacán, con amplias facultades para
terminar de anular a Fausto Vallejo y quien se encargó de nombrar a los nuevos
encargados de la procuración de justicia y seguridad pública, todos de la fuerza mexiquense peñista,
sepultando el federalismo. En una clara intervención centralista de Enrique Peña
Nieto, con la designación de Alfredo Castillo se inaugura una nueva forma de
desaparición virtual de los poderes de una entidad.
El recién nombrado comisionado federal de
seguridad en Michoacán, llegó en 2010 a resolver el caso de la niña Paulette
con una versión inverosímil, y como Subprocurador de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la PGR se hizo cargo de la investigación del
estallido en la Torre B de las oficinas de Pemex también sin resultados, para
reemplazar finalmente a Humberto Benítez Treviño de la Procuraduría del Consumidor,
tras el escándalo denominado #LadyProfeco.
Pero lo más relevante de Castillo Cervantes
es que ha sido relevado de su cargo como titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor, justo cuando han crecido las
críticas por el alza de precios a consecuencia de la reforma hacendaria y la
reetiquetación provocada por los impuestos a los alimentos
"chatarra", entre otros aspectos, frente a lo cual la PROFECO fue
omisa y negligente.
Esta designación remueve en los hechos a
Fausto Vallejo y pretende demostrar que las acciones del gobierno en el caso
Michoacán van en serio, cuando no es más que un nuevo acto de histrionismo y
teatralidad.
El gobierno federal ha designado en los
hechos a un nuevo gobernador de facto, generando otra irregularidad más en una
entidad que no necesita más vicios de poder: un auténtico proconsulado a
similitud de aquellos que operaban en la antigua Roma cuando se enviaba a las
provincias a personajes con todos los poderes para tomar el control absoluto de
los lugares a los que se les enviaba.
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