Con su permiso señor
presidente.
Compañeros y
compañeras senadores, el día de hoy y especialmente en la sesión de comisión en
la cual se analizó este tema de Consulta Popular, retomamos una nueva etapa de
una discusión que ya tiene mucho tiempo.
Una discusión que
incluso varios senadores y senadoras que compartimos la Cámara de Diputados en
la LXI Legislatura, vimos abiertamente y planteamos en aquel momento, en la
lógica de la Reforma Política, la necesidad de avanzar para darle a los
ciudadanos mayores capacidades en la Constitución; mayores capacidades
políticas y mayores capacidades democráticas.
En aquel momento,
cuando debatíamos los distintos temas que se pusieron en la discusión de
Reforma Política, se hablaba sobre la Consulta Popular como un momento de
avance democrático, como la posibilidad de encontrar en la democracia
participativa, la posibilidad de mejorar la calidad en nuestra democracia; una
democracia que dicho sea de paso, deja mucho que desear si revisamos los
últimos 20 años en latinobarómetro
que hoy nos pone a los mexicanos como la peor condición de aval democrático
frente al resto de las naciones latinoamericanas, pero que también frente a
nuestra propia condición democrática, hoy la democracia representativa, es la
peor evaluada en todo el orden latinoamericano.
Y si nosotros
compañeros y compañeras, escucháramos, porque escuché hace algunas horas lo que
debatió el senador Omar Fayad, cuando señalaba con toda puntualidad que está
mal este tema de la democracia participativa, entonces vale la pena traer a
colación y a la memoria, este debate que hemos tenido de manera particular con
el Partido Revolucionario Institucional.
En aquel momento, fue
el PRI precisamente el que elevó el umbral de participación que se requería.
Se había planteado en
la iniciativa que en aquel entonces presentó el ejecutivo de Acción Nacional,
un 20 por ciento del padrón; fue el PRI el que lo elevó al 40 por ciento.
Y recuerdo en aquel
debate, que el PRI, uno de los argumentos que puso sobre la mesa era ¿Cómo
vamos a dejar que solamente con un 20 por ciento, solamente con un 20 por
ciento del padrón, se puedan incluso llevar a cabo reformas constitucionales.
Por eso compañeros y
compañeras, este debate tiene que tener memoria, tiene que tener memoria desde
dónde venimos, y tiene que tener memoria hacía dónde queremos que se dirija
esta participación de la Consulta Popular.
Y por eso me preocupa
de manera particular que en este debate impere la miopía, porque ha sido
precisamente el debate energético el que ha nublado y ha llenado de miedos ese
derecho constitucional de participación democrática que hoy ya imprime el
Artículo 35 de la Carta Magna.
En la reforma
Política, y hoy el texto Constitucional vigente, permite que a través de la
Consulta Popular, todos los asuntos que sean considerados de trascendencia
nacional, puedan implicar consultas populares.
Y desde que se
debatió el tema energético hemos escuchado argumentos en distintas sintonías,
planteamientos, incluso ocurrencias, de senadores y de senadoras, de
legisladores y legisladoras, que han señalado que en esta situación de la
energía, no es motivo de una consulta popular.
Me tocó escuchar que
era un tema de ingresos en algún momento, y que por lo tanto sería inviable y
sería imposible, dejando en claro el enorme miedo que se tiene para convocar a
la gente sobre un tema de esa naturaleza, de esa importancia como es el tema
energético.
Pero
desafortunadamente por ese miedo, se hace a un lado y se disminuye la
importancia y la trascendencia de este derecho que ya tenemos en la
Constitución, de este derecho que hoy lo que debe de permitir, es que
convoquemos a ciudadanas y a ciudadanos, a que se posibilite perfectamente que
cualquier asunto, sea constitucional o sea legal, pueda ser discutido y pueda
ser definido.
Y hoy en este debate,
a través de la Consulta Popular, estamos en la imperiosa necesidad de hacer una
evolución de nuestro sistema democrático, para facilitarle a los ciudadanos que
puedan llevar a cabo estas consultas.
¿Y qué es lo que
vemos en todo el texto de la ley que tenemos? Vemos vericuetos, vemos distintas
cuestiones que más que facilitar el tránsito de la consulta popular, la
posibiliten o la disminuyan en su capacidad de tránsito; distintas cuestiones
que no tienen razón de ser cuando el principio de buena fe, de que participen
los ciudadanos, es lo que debe estar impreso en la convocatoria de una consulta
popular.
Se les niega por
ejemplo a los ciudadanos y a las ciudadanas, que puedan participar en dos consultas,
como si ser ciudadano solamente tuviera que ver con un tema educativo, y
entonces restringiera para cualquier otro tema, uno de salud o uno energético.
Cuestiones de
restricción en términos de los documentos que se les solicitan a los ciudadanos;
la Constitución solamente señala que se tienen que identificar éstos, y aquí en
los artículos que encontramos, se les pide que tengan una doble identificación,
incluso en la misma credencial de elector.
Se les pide también a
los ciudadanos y ciudadanas, que una vez que hicieron un esfuerzo de
organización, que una vez que lograron una convocatoria y una acumulación de
firmas, pues si de pronto la mesa directiva del órgano legislativo en cuestión
señala que no se cumplieron los requisitos, en lugar de facilitarle al
ciudadano la posibilidad de regresarle esas firmas, de tener una situación
precautoria para que pueda corregir, para que pueda mejorar -y no estamos
hablando de pocos, estamos hablando de alrededor de un millón 600 mil
habitantes- de pronto el órgano legislativo y la mesa directiva en cuestión,
pueda quedarse con las firmas, y decirle –como aquél programa lo decía con toda
puntualidad- pues lástima Margarito,
ya te organizaste, ya no es posible que estas firmas te las regrese para
mejorar.
Y me parece,
compañeros y compañeras, porque ese es el espíritu que yo he visto en toda esta
discusión, es que lo que se está, es llenando de piedritas el camino para algo
que debiéramos de facilitar, para algo que tendríamos que hacer de fácil acceso
para todos y todas las ciudadanas.
¿Pero qué es de lo
que está imbuido este debate? De miedo, de preocupación; se quita un gran
derecho ciudadano y la facilidad de acceso, porque se le tiene miedo a la
consulta Constitucional en materia energética.
Y se incurre
inclusive en trampas fuertes, en trampas preocupantes; yo los invito a que lean
el artículo Sexto de esta ley, y es ahí donde hay una trampa de interpretación,
si lo que queremos es realmente posibilitar que haya consultas
constitucionales, porque se pone que tienen que ser las leyes que establezca el
Congreso de la Unión.
Quien leyera
simplemente eso tal vez diría, bueno son las leyes del Congreso de la Unión,
pero la interpretación de constitucionalistas importantes y en este largo
debate que llegamos, saben perfectamente que es el Artículo 135 de la
Constitución el que establece claramente, que solamente podrán hacer cambios a
la Constitución, el Constituyente Permanente.
Entonces hay una
trampa cuando se pone que sean las leyes del Congreso de la Unión, por otro
lado, sabiendo que claramente la Constitución establece en el Artículo 135, no
permite cambios a la Constitución, en tanto no sean cambios que establezca el
Constituyente Permanente.
Yo creo compañeros y
compañeras, que en un debate como el que estamos dando, en un tema tan trascedente,
y especialmente en el que con los compañeros del Partido Acción Nacional, en
esta memoria que traigo a cuentas de tres años, o de dos años de debate
legislativo, estos cambios tienen que ocurrir.
No podríamos permitir,
que por el miedo que prevalece en este Poder Legislativo, en el Poder
Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, respecto a los cambios en la
Constitución, no le demos una evolución que permita que los ciudadanos tengan
este derecho, mucho más allá de los miedos que ustedes puedan tener sobre el
tema energético.
Este es un derecho
que permite que la democracia avance, este es un tema que permite que la
democracia participativa, que el involucramiento de los ciudadanos, perfeccione
nuestra democracia, y perfecciones nuestra democracia representativa.
Yo, he presentado
este voto en lo particular, así lo exhibí en la discusión de la Comisión, y si
no existieren, sino existieren de manera fundamental cambios que posibiliten en
el texto de esta ley que pueda haber cambios a la Constitución, que se quite
esa trampa donde se pone que sólo serán las leyes del Congreso de la Unión,
votaré en contra, porque será una ley que impida una Consulta Popular como la
que demanda la ciudadanía.
Es cuanto señor
presidente.
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