Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

AFECTARÍA A LOS MUNICIPIOS TRANSFERIR EL COBRO DEL PREDIAL AL GOBIERNO DEL ESTADO: MMA

El Congreso de la Unión aprobó recientemente en la Ley de Coordinación Fiscal y Contabilidad Gubernamental que se transfiera a los gobiernos de los estados el cobro del impuesto predial que actualmente manejan los ayuntamientos, aunque no lo establece como una determinación definitiva, sino que para hacer ese cambio deben aceptarlo los ayuntamientos y firmar un convenio que así lo establezca, de manera que puede decirse que es opcional aceptar esa modificación planteada por los diputados federales.

Hasta ahora, la mayoría, si no es que la totalidad de los alcaldes priistas se manifestó en contra de autorizar que el cobro de ese impuesto pase al gobierno del estado, porque señalan que es su mejor fuente para obtener recursos frescos y directos, que les ayudan a solventar necesidades importantes e inmediatas y lo perdería al pasarlo al estado, que lo recaudaría y luego lo iría devolviendo a los municipios, pero no con la celeridad que estos quisieran.

El coordinador de los alcaldes priistas del estado, el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, plateó desde un principio que para las alcaldías no es ventajoso ese acuerdo, por lo que no firmarán el convenio respectivo con la administración estatal, sino que lo seguirán cobrando directamente a fin de poder disponer de esos fondos que en la capital andan por los 45 millones de pesos, que son de gran utilidad para mantener en actividad la estructura interna y la marcha de los servicios, mientras empiezan a llegar las participaciones federales.

Incluso, MMA planteó la posibilidad y necesidad de que la bancada priista federal promueva una contrarreforma en el Congreso de la Unión para que ellos sigan cobrando el predial y no el estado, además de que no es determinante hacerlo, ya que se trata de una ley secundaria, aparte que los ampara el Artículo 115 Constitucional, que garantiza la soberanía del municipio libre.

Insistió en que los ayuntamientos pueden mantener su negativa a firmar ese convenio, para no comprometer a las siguientes administraciones, a las que se dejaría sin la posibilidad de recibir el impuesto predial directamente y utilizarlo para echar a andar las actividad que demanda la ciudadanía de los gobiernos más cercanos a la gente.
Debe hacerse notar que no se trata del rechazo a una propuesta del gobernador Ángel Aguirre, porque no es una iniciativa suya, sino que surgió en el Congreso de la Unión y el gobierno federal, que incluyeron ese cambio en la ley señalada de Coordinación Fiscal.

Esa actitud se mantiene hasta ahora y tiende a extenderse no obstante la advertencia del subsecretario de Ingresos del gobierno estatal, Abel Echeverría, quien amagó a los alcaldes en que recibirían menos apoyo y tendrían problemas en el manejo de otros fondos que pasan por la tesorería estatal antes de ser entregados a los cabildos.

ALCALDES DE TIERRA CALIENTE LO RECHAZAN; POCOS PERREDISTAS HAN ACEPTADO

Hasta la fecha sólo un par de alcaldes de filiación perredista, como el de Iguala, José Luis Velázquez, firmaron ese convenio, aunque en el caso del edil tamarindero, sólo busca quedar bien con el gobierno estatal por los muchos problemas que enfrenta y a pesar que la iniciativa local ha dicho que la actividad económica de esa ciudad “está moribunda”, por el descuido, el abandono y el rechazo que tiene esa administración de la mayoría de los ciudadanos.

En Tierra Caliente, la mayoría de los alcaldes son perredistas, y ellos han manifestado que no firmarán ese convenio porque les resultaría lesivo, ya que perdería la mejor y casi única fuente de recursos directos que tienen, de modo que el alcalde de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz aseguró que los nueve alcaldes de esa región decidieron que no firmarán el convenio, porque destacó que cuando menos en su caso lo que se recauda por el catastro es la base principal para mantener las actividades de esa instancia de gobierno.

TAMBIÉN EN ACAPULCO, algunos regidores se manifestaron en contra de ese acuerdo para ceder el cobro del predial al gobierno estatal, entre ellos los perredistas Wulfrano Salgado Romero y Marco Antonio Cabadas Arias y el panista Marco Antonio de la Paz Marroquín, quienes opinaron que el ayuntamiento debe seguir cobrando el predial, porque esos ingresos se utilizan para el gasto corriente, como el pago de la nómina de los trabajadores.

Salgado Romero señaló que en algunos casos sería conveniente hacer ese cambio, porque hay casos, como los municipios de la Montaña donde no se cobra el predial y los alcaldes no insisten para no contrariar a la población, pero sería diferente si lo hace la administración estatal.

Coincidieron que debe valorarse esa propuesta según la situación de cada ayuntamiento, pero dijeron que en el caso de Acapulco no es conveniente hacerlo, porque además no tienen mayor problema para el cobro de ese impuesto y recordaron que Acapulco no ha salvado la crisis financiera que le heredó el gobierno anterior y el predial es la única fuente de ingresos que tiene el ayuntamiento para pagar la nómina y mantener vigentes algunos servicios.

REPROBÓ HÉCTOR APREZA EL AMAGO “COERCITIVO Y CONDICIONANTE” DEL SUBSECRETARIO

El diputado Héctor Apreza Patrón, coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, criticó el planteamiento del subsecretario de ingresos del gobierno estatal, Abel Echeverría, porque dijo que es un amago “coercitivo y condicionante”, lo que consideró incorrecto en su trato con los presidentes municipales del estado.
Es un planteamiento mal hecho, señaló el legislador priista, porque “pareciera que a los alcaldes que no firmen los van a castigar en sus ingresos y que de esa manera los condicionan, lo que no es adecuado”.

Lo que debió hacer el funcionario fue realizar reuniones informativas para que los alcaldes tengan la información suficiente sobre ese tema que es tan delicado para ellos, porque representa la mejor forma de hacerse llegar recursos frescos y directos que les permitan atender las necesidades inmediatas de la administración y de las demandas de la gente a la que representan.

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