Alfredo Nava Pérez
La narrativa que ha construido el gobernador Ángel Aguirre
Rivero, en la cual afirma que él no está casado con el cargo y que si su
renuncia abona a solucionar el problema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos, estaría en la mejor disposición de presentarla; se contrapone a
las acciones intimidatorias que en los últimos días el gobierno del estado ha
emprendido para minimizar el enorme rechazo popular que miles de guerrerenses y
mexicanos en general, le manifiestan en las calles de las principales ciudades
de nuestra entidad y del país. Las exigencias de las diferentes organizaciones
estudiantiles, sindicales, empresariales y sociales del país son muy claras:
justicia para las familias de quienes perdieron la vida en los atentados del 26
de septiembre en Iguala, presentación con vida de los jóvenes normalistas
desaparecidos y la renuncia inmediata del gobernador de Guerrero, por su
incapacidad para controlar lo que sucede en el Estado.
Con motivo de la mega marcha anunciada para el viernes 17 de
octubre en el puerto de Acapulco, el gobierno del estado implementó una serie de
acciones que apuntaban a inhibir la participación de amplios sectores de la
sociedad, por medio de la confusión y el miedo. El jueves 16, los acapulqueños
pudieron observar durante varias horas, el despliegue de mil 200 elementos
policiacos a bordo de patrullas de la policía estatal en la avenida más
importante del puerto, Costera Miguel Alemán, en una franca manifestación de
fuerza por parte de las autoridades estatales. Horas más tarde, se difundió en
diferentes medios de comunicación y redes sociales, una alerta de protección
civil, que recomendaba a los ciudadanos no salir de casa, cerrar los tanques de
gas, alejarse de las ventanas, cerrar negocios, no acercarse a las avenidas por
donde se realizaría la movilización, ya que según ellos, era probable que el
contingente se saliera de control y generara destrozos en inmuebles privados y
públicos. Incluso, tomaron la decisión de suspender clases y labores en
oficinas gubernamentales de todo el municipio. También, como parte de la
estrategia disuasiva, el gobierno del estado pactó con organizaciones de
transportistas la suspensión del servicio de taxis y camiones urbanos el día de
la marcha, tratando de impedir que las personas llegaran hasta el lugar donde
fue convocada. Además, se dio a conocer información falsa en cuanto a la forma
en que se llevaría a cabo la manifestación, asegurando que serían 3 puntos de
concentración y que los contingentes convergerían en la glorieta de la Diana Cazadora. Datos
que fueron desmentidos en la madrugada del viernes por la Coordinadora Estatal
de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
A pesar de las maniobras del gobierno del estado y de sus
pronósticos fatalistas, que planteaban un panorama extremadamente violento,
para atemorizar y desorientar a la población, cerca de 15 mil personas salieron
a las calles para manifestar su repudio al gobernador Ángel Aguirre por su
actitud omisa y cómplice en relación a los hechos violentos de Iguala, así como
para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas de
Ayotzinapa. La mega marcha contradijo todas las versiones distorsionadas
difundidas por las autoridades locales, no hubo afectaciones graves, tan sólo
algunas pintas, no se hicieron desmanes ni se vandalizaron edificios públicos.
La nota fue la actitud pacífica y las muestras de civilidad de los marchistas.
El contingente dio una bofetada con guante blanco, ratificándole a la sociedad
que la lucha no es en contra suya, sino del gobierno represor que encabeza “la
cachetona”, mote con que han bautizado en las movilizaciones a Aguirre Rivero.
Entre tan incertidumbre derivada del caso Iguala, hay algunas
certezas:
Guerrero tiene un pésimo gobernador, pero cuenta
con un excelente actor, capaz de interpretar a un personaje pusilánime, tan “convincente”
como su propio desempeño al frente del
gobierno del estado.
Ángel Aguirre Rivero se está quedando sólo, quizás por eso
se defiende como gato boca arriba. Y eso que no está aferrado al cargo,
imagínense si lo estuviera.
P.D.
Qué ironía, el gobierno mandó más policías a Acapulco para
vigilar la movilización, que a Iguala para buscar a los normalistas
desaparecidos.
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