Carlos Reyes Romero
Mucho se discute en los ámbitos académicos y jurídicos si constituye
o no un crimen de estado lo acontecido en Iguala, donde estudiantes de la
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados por fuerzas policiacas, ahora
se sabe que con el apoyo parcial de personal del 27 batallón de infantería del
ejército mexicano, con saldo de tres estudiantes muertos –dos por heridas de
bala y uno encontrado sin ojos y con el rostro desollado–, cuatro heridos –uno
con muerte cerebral, otro con el rostro destrozado y que requiere de
reconstrucción facial, uno más con un brazo amputado y otro con amputación de
tres dedos de la mano izquierda– y 43 normalistas desaparecidos por policías
municipales de Iguala y Cocula, conjuntamente con el grupo delictivo “Guerreros
Unidos”.
También fueron asesinados, aquella noche del 26 de septiembre,
un joven del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, el chofer del
autobús en que viajaban y una señora que iba en un taxi.
Lo cierto es que aunque el gobierno mexicano lo niegue o
trate de ocultarlo, la causa más profunda de la explosión de indignación
popular que está abarcando al país y suscitando la cada vez más amplia condena
internacional a tal barbarie, tiene su origen en la corrupción, la impunidad y
el contubernio de funcionarios públicos de todos los niveles jerárquicos,
órdenes de gobierno y partidos políticos con el crimen organizado que
predominan en todo México, con las excepciones que confirman la regla.
La debilidad institucional del gobierno federal, y no sólo
del gobierno de Guerrero, y el contubernio de las autoridades con el crimen
organizado que se da en todo el país, y no sólo en Iguala, como quiso en ambos
casos acotarlo recientemente el presidente Peña Nieto, es algo que el pueblo mexicano
percibe, ve, siente, vive y padece cotidianamente.
Los grandes delincuentes entran y salen de las cárceles
haciendo gala de sus influencias y total impunidad, mientras que miles de
delincuentes menores, muchos de ellos inocentes, se hacinan en cárceles
sobrepobladas por falta de dinero o de una adecuada defensa jurídica que
tampoco pueden pagar.
El sistema judicial está haciendo del debido proceso una
fuente de protección e impunidad para los altos delincuentes, como antes lo
hizo con los derechos de los inculpados, negando y escamoteando a las víctimas la
debida protección de la ley, el derecho a la justicia y a la reparación del
daño.
Nos preguntamos: ¿Es superior el debido proceso a la debida
justicia? De continuar así, la inmensa mayoría de los mexicanos seguiremos
jodidos.
La barbarie de Iguala es un crimen abominable que debe pervivir
en la memoria, debe encontrarse a los responsables intelectuales y materiales y
castigarles ejemplarmente, debe también deslindarse la responsabilidad oficial
en que incurrieron con sus omisiones, morosidades, encubrimientos y obstrucción
de la justicia los funcionarios de los tres niveles de gobierno que sabiendo de
los crímenes anteriormente perpetrados por el ex alcalde de Iguala, su esposa y
su jefe de seguridad pública, no actuaron oportunamente para detenerlos y
sujetarlos a proceso, y además facilitaron su huida.
La investigación a fondo y el deslinde de las
responsabilidades de las autoridades locales y estatales, debe servir para
indiciar y llevar a la cárcel a los responsables de estas conductas, tope hasta
donde tope; pero también debe dar pie a que se tomen medidas que impidan su
repetición, para revisar a fondo la estrategia contra la violencia y el crimen
organizado, para limpiar y sanear a fondo toda la administración pública.
Si bien hay evidencia de que las desapariciones forzadas de
los 43 normalistas fueron cometidas por la acción conjunta de la autoridad
local y las organizaciones criminales que operan en Guerrero, también se debe
investigar y establecer la complicidad que tuvo el gobierno del estado en estos
hechos.
Hay múltiples evidencias de que el ex gobernador Ángel
Aguirre Rivero, el ex secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, y
cuando menos los dos anteriores secretarios de Seguridad Pública Sergio Lara
Montellanos y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, así como el ex Fiscal General
Iñaky Blanco Cabrera ˗estos tres últimos nombrados por Aguirre Rivero “con el
acuerdo” del gobierno federal˗ sabían, como ellos mismos lo han reconocido en
diversas ocasiones, de los antecedentes delictivos y de los crímenes de la
pareja que gobernaba Iguala y de su jefe de seguridad pública, actualmente
prófugo.
El gobierno federal también tiene culpa por la no
intervención de las fuerzas federales para impedir la muerte de otros 2
estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas, así como el asesinato de
otras tres personas ˗sucesos éstos que se dieron 3 horas después del asesinato
del primer estudiante de Ayotzinapa˗; tiene culpa por el retraso para
intervenir en el caso pese a conocer la debilidad institucional y la corrupción
imperante en el gobierno estatal. Y sobre todo tiene culpa, y grave, porque
conocía anticipadamente de la situación imperante en el gobierno municipal de
Iguala, de los crímenes de la pareja que bailaba entre los muertos y de sus nexos
con el crimen organizado.
El gobierno federal lo sabía y no actuó a tiempo. Tiene que
saberse por qué.
No es suficiente con que el secretario de Gobernación, el
procurador general de Justicia y el comisionado de Seguridad, prometan a los
padres de los desaparecidos que va a continuar la búsqueda de los muchachos y a
cambiar la estrategia para hacerlo, ni con que informen ya se aceptó la
intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se
investigarán y sancionarán las omisiones en que haya incurrido el gobierno
estatal.
No. No basta. Hay que abrir también una amplia y completa
investigación sobre las responsabilidades en que incurrió al respecto el
gobierno federal, en particular el secretario de Gobernación Miguel Osorio
Chong, el procurador Jesús Murillo Karam, el CISEN y el entorno del propio
presidente Peña Nieto.
No puede eludirse que el gobierno federal es responsable de
la debilidad institucional que impera en el país; de que se carezca todavía de
un efectivo sistema que garantice seguridad pública y justicia; de que no se
haya hecho prácticamente nada para abatir la impunidad delictiva ni para
desterrar la corrupción gubernamental; de pretender que el crimen y la
violencia han disminuido sólo porque se impide hablar de ello a los medios de
comunicación, en suma es responsable de omisión, encubrimiento y obstrucción de
justicia, sobre todo en el caso Iguala.
También debe ser investigada la plana mayor de “Los Chuchos”:
Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano Grijalva, Guadalupe Acosta Naranjo y
Graco Ramírez Abreú por sus nexos y vínculos con el crimen organizado, no sólo en
cuanto a la pareja de Iguala, sino también en los casos de Julio César Godoy y del
narcotráfico en Morelos; así como debe investigarse a aquellos dirigentes y
militantes de otras formaciones políticas, en torno a los cuales hay indicios
de que están involucrados con grupos delincuenciales.
Aunque hay sectores sociales y poderes fácticos que
presionan fuertemente, el gobierno debe evitar la tentación de acudir a la
represión militar del movimiento; la solución es y debe ser política, y está en
cumplir plenamente los acuerdos pactados. No hay de otra.
Noviembre 16 de 2014
0 Comentarios