Responsabilidad Oficial en la Barbarie de Iguala

Carlos Reyes Romero

Mucho se discute en los ámbitos académicos y jurídicos si constituye o no un crimen de estado lo acontecido en Iguala, donde estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados por fuerzas policiacas, ahora se sabe que con el apoyo parcial de personal del 27 batallón de infantería del ejército mexicano, con saldo de tres estudiantes muertos –dos por heridas de bala y uno encontrado sin ojos y con el rostro desollado–, cuatro heridos –uno con muerte cerebral, otro con el rostro destrozado y que requiere de reconstrucción facial, uno más con un brazo amputado y otro con amputación de tres dedos de la mano izquierda– y 43 normalistas desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula, conjuntamente con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
También fueron asesinados, aquella noche del 26 de septiembre, un joven del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, el chofer del autobús en que viajaban y una señora que iba en un taxi.

Lo cierto es que aunque el gobierno mexicano lo niegue o trate de ocultarlo, la causa más profunda de la explosión de indignación popular que está abarcando al país y suscitando la cada vez más amplia condena internacional a tal barbarie, tiene su origen en la corrupción, la impunidad y el contubernio de funcionarios públicos de todos los niveles jerárquicos, órdenes de gobierno y partidos políticos con el crimen organizado que predominan en todo México, con las excepciones que confirman la regla.

La debilidad institucional del gobierno federal, y no sólo del gobierno de Guerrero, y el contubernio de las autoridades con el crimen organizado que se da en todo el país, y no sólo en Iguala, como quiso en ambos casos acotarlo recientemente el presidente Peña Nieto, es algo que el pueblo mexicano percibe, ve, siente, vive y padece cotidianamente.

Los grandes delincuentes entran y salen de las cárceles haciendo gala de sus influencias y total impunidad, mientras que miles de delincuentes menores, muchos de ellos inocentes, se hacinan en cárceles sobrepobladas por falta de dinero o de una adecuada defensa jurídica que tampoco pueden pagar.

El sistema judicial está haciendo del debido proceso una fuente de protección e impunidad para los altos delincuentes, como antes lo hizo con los derechos de los inculpados, negando y escamoteando a las víctimas la debida protección de la ley, el derecho a la justicia y a la reparación del daño.

Nos preguntamos: ¿Es superior el debido proceso a la debida justicia? De continuar así, la inmensa mayoría de los mexicanos seguiremos jodidos.

La barbarie de Iguala es un crimen abominable que debe pervivir en la memoria, debe encontrarse a los responsables intelectuales y materiales y castigarles ejemplarmente, debe también deslindarse la responsabilidad oficial en que incurrieron con sus omisiones, morosidades, encubrimientos y obstrucción de la justicia los funcionarios de los tres niveles de gobierno que sabiendo de los crímenes anteriormente perpetrados por el ex alcalde de Iguala, su esposa y su jefe de seguridad pública, no actuaron oportunamente para detenerlos y sujetarlos a proceso, y además facilitaron su huida.

La investigación a fondo y el deslinde de las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, debe servir para indiciar y llevar a la cárcel a los responsables de estas conductas, tope hasta donde tope; pero también debe dar pie a que se tomen medidas que impidan su repetición, para revisar a fondo la estrategia contra la violencia y el crimen organizado, para limpiar y sanear a fondo toda la administración pública.

Si bien hay evidencia de que las desapariciones forzadas de los 43 normalistas fueron cometidas por la acción conjunta de la autoridad local y las organizaciones criminales que operan en Guerrero, también se debe investigar y establecer la complicidad que tuvo el gobierno del estado en estos hechos.

Hay múltiples evidencias de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, y cuando menos los dos anteriores secretarios de Seguridad Pública Sergio Lara Montellanos y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, así como el ex Fiscal General Iñaky Blanco Cabrera ˗estos tres últimos nombrados por Aguirre Rivero “con el acuerdo” del gobierno federal˗ sabían, como ellos mismos lo han reconocido en diversas ocasiones, de los antecedentes delictivos y de los crímenes de la pareja que gobernaba Iguala y de su jefe de seguridad pública, actualmente prófugo.

El gobierno federal también tiene culpa por la no intervención de las fuerzas federales para impedir la muerte de otros 2 estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas, así como el asesinato de otras tres personas ˗sucesos éstos que se dieron 3 horas después del asesinato del primer estudiante de Ayotzinapa˗; tiene culpa por el retraso para intervenir en el caso pese a conocer la debilidad institucional y la corrupción imperante en el gobierno estatal. Y sobre todo tiene culpa, y grave, porque conocía anticipadamente de la situación imperante en el gobierno municipal de Iguala, de los crímenes de la pareja que bailaba entre los muertos y de sus nexos con el crimen organizado.

El gobierno federal lo sabía y no actuó a tiempo. Tiene que saberse por qué.
No es suficiente con que el secretario de Gobernación, el procurador general de Justicia y el comisionado de Seguridad, prometan a los padres de los desaparecidos que va a continuar la búsqueda de los muchachos y a cambiar la estrategia para hacerlo, ni con que informen ya se aceptó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se investigarán y sancionarán las omisiones en que haya incurrido el gobierno estatal.

No. No basta. Hay que abrir también una amplia y completa investigación sobre las responsabilidades en que incurrió al respecto el gobierno federal, en particular el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, el procurador Jesús Murillo Karam, el CISEN y el entorno del propio presidente Peña Nieto.

No puede eludirse que el gobierno federal es responsable de la debilidad institucional que impera en el país; de que se carezca todavía de un efectivo sistema que garantice seguridad pública y justicia; de que no se haya hecho prácticamente nada para abatir la impunidad delictiva ni para desterrar la corrupción gubernamental; de pretender que el crimen y la violencia han disminuido sólo porque se impide hablar de ello a los medios de comunicación, en suma es responsable de omisión, encubrimiento y obstrucción de justicia, sobre todo en el caso Iguala.

También debe ser investigada la plana mayor de “Los Chuchos”: Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano Grijalva, Guadalupe Acosta Naranjo y Graco Ramírez Abreú por sus nexos y vínculos con el crimen organizado, no sólo en cuanto a la pareja de Iguala, sino también en los casos de Julio César Godoy y del narcotráfico en Morelos; así como debe investigarse a aquellos dirigentes y militantes de otras formaciones políticas, en torno a los cuales hay indicios de que están involucrados con grupos delincuenciales.

Aunque hay sectores sociales y poderes fácticos que presionan fuertemente, el gobierno debe evitar la tentación de acudir a la represión militar del movimiento; la solución es y debe ser política, y está en cumplir plenamente los acuerdos pactados. No hay de otra.


Noviembre 16 de 2014

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