Noé Ibáñez Martínez : Disertaciones
La semana pasada, Aurelio Nuño anunció que la SEP dejará de pagar a partir de esta segunda quincena de enero la nómina a mil 200 comisionados sindicales que cobraban un sueldo por su trabajo político y ascendía a mil millones de pesos. El objetivo es acabar con una práctica de hace más de 40 años y que significaría un ahorro que se invertirá en otros programas educativos.
Este recorte de nómina representa una primera etapa de depuración, según la SEP, aunque esto evidencia que la propia dependencia desconoce el número de maestros que no están en las aulas pero que cobran como tal.
La realidad es que en México aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas pre-primarias, primarias y secundarias públicas. Esto a pesar de que el gobierno decidió invertir 740 millones de pesos para levantar un censo educativo (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE 2014), que debió permitirnos contar con estadísticas confiables tanto de la nómina educativa, de la matrícula, como del estado que guarda la infraestructura educativa.
El análisis de la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el levantamiento de este Censo y hasta ahora dada a conocer parcialmente por la SEP, revela serios problemas en la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica, con implicaciones presupuestales preocupantes que demuestran el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo.
El centro de análisis de políticas públicas México Evalúa identificó las numerosas anomalías en la nómina magisterial. Sobresale la existencia de 30 mil 965 plazas destinadas a personal comisionado o con licencia, y no solo 19 mil como lo afirmó el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre esta semana.
El Censo comprueba que en las aulas públicas del país persiste el problema de los llamados “aviadores”, ya que 39 mil 222 individuos están asignados a un centro de trabajo donde nadie los conoce.
Existen 114 mil 998 personas que mantienen una plaza docente-administrativa, a pesar de haberse jubilado, haber renunciado e incluso haber fallecido. Los estados con una problemática mayor en este rubro son Morelos (8.42%), Yucatán (7.93%), Chihuahua (7.96%) y Querétaro (6.99%).
En total, en 27 de 32 entidades federativas, más del 10% de la nómina educativa recae en alguna de las irregularidades anteriormente descritas. En el país estas irregularidades representan en promedio el 13.27% de la nómina de educación básica. Los estados con el mayor número de irregularidades en su nómina son: Querétaro (23.46%), Yucatán (21.53%), Zacatecas (20.96%) y Colima (20.46%) y Guerrero (18.36%).
Destacan 17 mil 859 personas que tienen tres plazas y 5 mil 671 con cuatro o más plazas. Los estados con el mayor número de estos casos son Colima (5.54%) y Aguascalientes (4.56%).
Basándose en el salario inicial de un docente de primaria (7 mil 255.4 pesos mensuales), el cual es cercano a la media nacional, el cálculo aproximado del costo para el erario de estas anomalías oscila entre los 16 mil millones y los 51 mil 486 millones de pesos anuales.
Las entidades con un costo mayor por las irregularidades en la nómina docente-administrativa son el Distrito Federal (al menos 1 mil 794 millones de pesos), el Estado de México (1 mil 730 millones), Veracruz (1 mil 005 millones), Jalisco (990 millones 100 mil pesos) y Guerrero (726 millones 555 mil pesos).
Además, la autoridad no ha dado a conocer cuántos individuos deberían estar laborando en los 426 planteles “fantasma” que no fueron censados debido a que el personal del INEGI no pudo localizarlos, y en Guerrero fueron 122.
Sin duda, la SEP gasta cientos de millones de pesos en nómina que no se reflejan en la calidad de la educación. Además, esta información pone al descubierto la incapacidad institucional y su tolerancia a la corrupción, al comparar los datos del Censo educativo y los que las autoridades estatales habían reportado a la SEP sobre el número de personal comisionado o con licencia, los cinco estados que más “maquillaron” sus cifras fueron Tamaulipas, Guerrero, Yucatán, Jalisco y San Luis Potosí.
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@ibanez_marti
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