Por Paula Jimena Soto Cruz
Estudiante de la UVM Campus Querétaro
Podría decirse que Colombia era un país relativamente estable, con instituciones fuerte y una economía invariable; la economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina, la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años. Sin embargo, esta estabilidad se rompió el pasado 28 de abril, cuando se propuso una nueva reforma tributaria para tapar el hueco fiscal producto de la pandemia, pero entre sus artículos había dos que harían enfurecer a la clase media. Una extensión del IVA a productos de la canasta básica que hasta ahora estaban exentos y una ampliación de la base de contribuyentes que buscaba que al menos un millón de personas que actualmente no declaran impuesto de renta lo hicieran; un proyecto bastante inoportuno para miles de familias con sus finanzas por los suelos.
Duque ha encarado multitudinarias marchas desde 2019 y, tras algunos periodos de tregua, destapó la ira popular con un proyecto legislativo que planteaba un alza de impuestos. Como consecuencia, obreros, campesinos, indígenas, artistas, sindicalistas y estudiantes se organizaron para protestar la caída de la reforma tributaria en medio de una emergencia fiscal que mostró grietas en un modelo económico hasta ahora sólido y la capacidad de los políticos para generar confianza y resoluciones parece más limitada que nunca. Ni siquiera la marcha atrás de la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lograron calmar las protestas. A pesar de que la mayoría de los marchantes lo hicieron pacíficamente y que las manifestaciones son totalmente legítimas, en ciudades como Cali y Bogotá hubo suficientes destrozos, saqueos, incendios y bloqueos viales que cortan el suministro de alimentos a los mercados y de oxígeno a los hospitales; y la reacción de las fuerzas de seguridad avivó el descontento.
La idea de que los manifestantes son enemigos a combatir ha provocado brutalidad y abuso policial, denunciado también por la comunidad internacional, lo que alimentó la crisis social que ya había agudizado la pandemia. Han muerto al menos 42 personas, según la Defensoria del Pueblo, además son incontables los civiles heridos y desaparecidos, sin mencionar la censura que muchos usuarios reportan en redes y múltiples videos en redes que evidencian un uso desmedido de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública.
El petitorio del comité del Paro es largo, ambicioso y costoso, implica cambios en la estructura del Estado y en el plan de gobierno de Duque, lo cual parece imposible de concretarse. “El paro nacional comienza hoy viernes 14 de mayo y busca exigirle al Gobierno nacional la negociación del pliego de emergencia que le radicamos en junio del año 2020 y garantías para la protesta social", dijo a Efe el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, que también es miembro del Comité Nacional del Paro, que se reunió este lunes con el mandatario, sin llegar a ningún acuerdo.
El Comité de Paro tiene una serie de exigencias que se resumen en el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional. Por su lado, el Gobierno plantea para las mesa de negociación asuntos como vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables y estabilización de las finanzas públicas.
Con miles de manifestantes en las calles, el gobierno no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de una vacunación que solo ha cubierto al 6,6% de la población. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza en Colombia escaló en 2020 hasta un 42,5%. Aproximadamente 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica, es decir, tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza extrema. El 75% de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad económica y a eso se suma que el desempleo subió 5 puntos en 2020, sobre todo entre los más jóvenes. ¿Cómo se puede pedir calma ante esa situación a personas que sienten que ya no tienen un futuro digno al que aspirar? La desesperación, la rabia e indignación obligó al pueblo a salir a la calle para hacerse escuchar y lograr un cambio.
Esperemos las partes logren llegar a acuerdos para sacar al país de esta crisis, la peor en el Gobierno de Duque y una de las más difíciles de Colombia en tiempos recientes y que la batalla política final sea en las urnas (elecciones 2022). La ministra de relaciones exteriores de Colombia, Claudia Blum, renunció a su cargo el día de ayer jueves 14 de mayo sin ofrecer una explicación. Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire, en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.
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