Carlos
Reyes Romero
Tiene
toda la razón la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la
Costa-Montaña de Guerrero (CRAC), al oponerse al proyecto de decreto que
promueve el gobierno de Ángel Aguirre para supuestamente regular a la Policía
Comunitaria, pero cuya verdadera pretensión es cercenarle derechos y destruir a
este sistema de justicia, reeducación y reinserción social que tan buenos
resultados ha dado en la erradicación de la delincuencia.
Varias
son las razones que asisten a la CRAC. Veamos:
La
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa-Montaña de
Guerrero (CRAC) y la Policía Comunitaria que forma parte de la misma, están
legal, legítima y plenamente reconocidas y sustentadas en la Ley Número 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Guerrero; de manera específica en los artículos 37, 38 y 39 de la
misma, en los cuales el Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema
de justicia indígena de la Costa-Montaña y a la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar, respetando
la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad
pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por ésta.
Esos
mismos artículos confirman el reconocimiento de la Policía Comunitaria,
respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias y ordena que los órganos del poder público
y los particulares respeten sus actuaciones como actos de autoridad.
Asimismo,
se establece que la CRAC y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema
Estatal de Seguridad Pública y que sus decisiones, tomadas con base en sus
sistemas normativos, serán respetadas por las autoridades estatales y que,
además, éstas ayudarán a que estos sistemas normativos sean adecuadamente
reconocidos y respetados.
La
Ley mencionada también define, en su artículo tercero, cuáles son los sujetos
obligados a garantizar su cumplimiento, entre los que se encuentran los tres Poderes
del Estado, los Ayuntamientos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el
gobierno federal y Los partidos políticos; además de que las disposiciones de
esta Ley, regirán supletoriamente en materia de derechos y obligaciones de los pueblos
y comunidades indígenas para todos los casos no previstos en otras leyes
locales.
Por
otra parte, las acciones de autodefensa civil surgidas en varias regiones del
estado, particularmente en los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa y
San Marcos, no son parte de la CRAC ni responden a sus directrices ni
autoridades.
No
se puede castigar a la CRAC por hechos que no son de su responsabilidad, ni imponerle
restricciones orientadas a desconocer y anular lo que ya tiene legalmente
reconocido.
El
caso de los movimientos de autodefensa civil reclama una solución propia y
específica que tiene que ser acordada con ellos. Tienen su propia legitimidad,
obedecen a sus propias autoridades y exigen que también se les reconozca en el
marco de la ley 701; sus acciones se legitiman ante la ineficiencia de un
sistema de seguridad y justicia que está diseñado para prohijar la impunidad de
los delincuentes y la falta de justicia para las víctimas.
La
reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de
2008, mandató sustituir este perverso andamiaje judicial por el nuevo sistema
de justicia oral y controversial, que contempla los juicios mediante jurados
populares; desgraciadamente esta reforma está tardando mucho en hacerse
realidad, entre otras razones por la resistencia que le oponen los propios cuerpos
de seguridad y los encargados de procurar, impartir y administrar justicia.
Guerrero
es el ejemplo más claro de tal circunstancia.
Apenas
en la recién pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el
presidente Peña Nieto les urgió para que aceleren el paso en esta materia; en
otras palabras, los conminó a que no se hagan bueyes porque si no la ciudadanía
los va a seguir rebasando.
El
Ejército y la Marina nunca habían tenido un apoyo local tan estrecho y real en
el combate al crimen organizado como el que les brinda ahora la autodefensa
civil.
La
propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su comunicado del 21 de enero
pasado, donde anuncia el inicio de una investigación “por el caso relacionado
con el denominado movimiento de autodefensa”, señala que: “es urgente que las
autoridades federales y estatales impulsen mecanismos que permitan la atención
y protección de la población y garanticen su seguridad a plenitud”; ya que “la
seguridad pública es un derecho humano y está relacionado directamente con el
concepto de estado de derecho y de paz pública” y anuncia que: “Será por lo
tanto, materia de la presente investigación las acciones y omisiones de las
mencionadas autoridades (federales y estatales) en los citados municipios del
estado de Guerrero.”
El
Gobernador Aguirre Rivero debiera ensayar rutas más convenientes para no pisotear
los derechos y cultura de los pueblos originarios de Guerrero. El decreto que
le presentaron sus colaboradores más cercanos, el 30 de enero pasado, no resuelve
nada y enreda más las cosas.
Habría
que pensar más en cómo consolidar la participación de las comunidades en la
seguridad pública y en cómo afianzar la correcta impartición de justicia y el
control judicial del ministerio público, mediante la pronta implementación en
Guerrero del sistema de justicia oral y controversial y de una Ley de Justicia
Indígena y Comunitaria o de Sistemas Alternativos de Justicia, así como en abrir
una Sala de Justicia Indígena en el Poder Judicial del Estado, para que los
actos de las autoridades indígenas y comunitarias puedan ser, en su caso,
recusados ante una instancia especializada, que conozca bien de sus costumbres,
derechos y cultura y les garantice protección y justicia.
Ya
en otros estados de la República existen leyes e instancias legales similares a
las que aquí se proponen y que operan con muy buenos resultados.
Al
gobierno le conviene más entrar en una nueva y edificante relación con los
pueblos y comunidades indígenas de Guerrero. Para ello se puede partir de la
iniciativa sobre derechos indígenas que el gobernador Aguirre Rivero propuso al
Congreso del Estado el 9 de marzo de 1999 y de los tratados internacionales de
los que México es parte; también sería conveniente reconocer, legalizar y
fortalecer las comisarias municipales como cuarto nivel de gobierno.
