Rodrigo Huerta Pegueros*
La
ausencia de división de poderes en el estado de Guerrero ha quedado al
descubierto una vez más ya que, sin el menor escrúpulo, los legisladores
declinaron ejercer su responsabilidad social que les otorgaron en las urnas los
ciudadanos.
El
coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática y
presidente de la comisión de gobierno del congreso local, Bernardo Ortega Jiménez,
fue el encargado de promover una serie de acuerdos y negociaciones con las
fracciones parlamentarias a fin de que sin discusión y por lo tanto sin
revisión alguna, se aprobara la cuenta pública del gobierno del estado del año
2012.
De
esta forma el legislador perredista promovió que la corrupción y la impunidad
continúen siendo preponderantes en la vida pública del estado y que fuesen enviadas
al cesto de la basura las leyes que obligan a los servidores públicos a cumplir
con la transparencia y la rendición de cuentas.
La
crónica periodística de Hugo Pacheco León, del diario El Sur, no deja nada a la
imaginación, mas bien, da cuenta puntual de la forma como el diputado Ortega,
convertido en emisario personal del gobernador del estado, Ángel Heladio
Aguirre Rivero, solicitó a cada coordinador de los partidos, PRI, PAN, PVEM, MC,
la aprobación a cambio de que la bancada perredista apruebe las propuestas que
éstos partidos hicieron al proyecto de la nueva constitución política de
Guerrero que próximamente votarán, además de convenir otras canonjías que no
fueron reveladas, particularmente las solicitadas por los legisladores del
Movimiento Ciudadano, lo cual abona a la desconfianza que tiene la ciudadanía
hacia la clase política guerrerense.
Aún
y cuando se dio a conocer que la Auditoría General del Estado había envido su
informe del año 2012 sobre la situación que guarda la administración pública
estatal y que no les ha sido posible analizarla, discutirla y debatirla a los
encargados de la comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso local, y
menos a lod demás legisladores, éstos se dispusieron a dar ‘’un cheque en
blanco’’ al perredista Ortega Jiménez a fin de que pudiera cumplir con el
encargo del ejecutivo estatal.
Hay
un dicho que afirma: ‘’quien nada debe nada teme’’, por lo tanto, sería
interesante conocer los porqués del acelere del legislador del sol azteca y
sobre todo saber a que le teme el gobernador Aguirre de que se hagan las revisiones
de los gastos efectuados por su gobierno frente a la opinión pública y se
expongan las formas como se manejaron los recursos públicos estatales cuando
solo es el 3 por ciento del total del recursos económico manejado que deben revisar
pues el resto le corresponderá hacerlo a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF).
Sin
embargo, este tres por ciento que corresponde a los recursos públicos del
estado de Guerrero los legisladores declinaron fiscalizarlos, pues así convino
a sus intereses dándole una vez mas la espalda a la ciudadanía y negándose a
cumplir sus obligaciones para lo cual fueron electos y perciben inmejorables
salarios y prestaciones.
Por
lo tanto, no tienen los diputados salida alguna para declinar hacer su tarea
tal y como se lo mandata la ley, la cual está muy por encima de sus espurias
negociaciones que han realizado a espaldas de la población a la que le deben
rendir cuentas y por lo tanto, deben obligar que el ejecutivo cumpla fielmente
con la ley y compruebe que hizo una pulcra aplicación de los recursos públicos
que hoy por hoy, están altamente cuestionados.
Es
difícil pero no imposible promover juicios políticos contra los funcionarios y
servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones, quienes además, frente
a la opinión pública, exhiben el desprecio que tienen hacia los ciudadanos
quienes los llevaron a ocupar una curul con la consigna de que fuesen
verdaderos representantes populares y no comparsas o mandaderos del poder
ejecutivo estatal.
Nuevamente,
se confirma que en Guerrero solo el poder ejecutivo manda y los otros dos
poderes—legislativo y judicial—obedecen.
No
nos queda la menor duda de que mientras continúen estos abusos y excesos de
poder, la democracia en la entidad solo servirá para que se fortalezca el caciquismo político y
prevalezca la situación de pobreza, marginación, violencia y desigualdad
social.
Si
alguna duda había de que los diputados al congreso de Guerrero eran solo
empleados del ejecutivo, hoy Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, los exhibió como
lo que son y ni uno solo logró zafarse de la inmensa corrupción que embarga a
la administración pública estatal y dieron carta de naturalización a la
impunidad, enterrando en lo mas profundo del lodazal las leyes que obligan a
los servidores públicos a la transparencia y la rendición de cuentas.
Periodista/Analista
Político*
