Averígüelo Vargas

Enrique Vargas Orozco

ENTRE ROGELIO ORTEGA SU INFORME DE GOBIERNO AL CONGRESO DEL ESTADO

El gobernador Rogelio Ortega Martínez entregó su informe de gobierno al Congreso el Estado, luego de recorrer a pie la distancia entre el palacio de gobierno y la sede del Legislativo estatal, acompañado por ciudadanos, representantes de grupos populares, dirigentes de organizaciones ciudadanas, trabajadores del gobierno y algunos integrantes de su gabinete.

Le corresponde en esta ocasión cumplir con la obligación constitucional de informar de las acciones y trabajos del gobierno que ahora está a su cargo, aunque en su caso personal, sólo le tocan tres meses que tiene en el cargo y lo anterior es del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero.

Ante los diputados que recibieron los textos y los discos con la información correspondiente, el mandatario reconoció que Guerrero atraviesa por momentos difíciles desde lo ocurrido en Iguala, por lo que su gobierno ha sido solidario con las familias afectadas y trabaja en bien de la tranquilidad y el desarrollo de Guerrero y su gente.

Para eso, señaló, el gobierno tiene las puertas abiertas, al igual que el corazón y los brazos para atender  los guerrerenses en sus necesidades y lograr mejores condiciones de vida para la población.

El informe será entregado a los diputados, pues llevaron 50 copias de todo el material y más adelante determinarán si corresponde hacer comparecer a los funcionarios del gabinete oval mismo gobernador si se requiere hacer ampliaciones o precisiones de lo informado.

CON POLICÍAS ARMADOS INICIAN LOS PADRES OTRA BÚSQUEDA DE LOS 43 DESAPARECIDOS

La desesperación de los padres de 42 o 43 normalistas los lleva a una nueva búsqueda en Iguala de los estudiantes desaparecidos, que insisten en encontrarlos con vida, aunque la versión oficial es que fueron muertos e incinerados por la delincuencia organizada en la noche del 26 al 27 de septiembre pasado.

Se entiende que los padres no se resignen a que sus hijos fueron sacrificados, porque no hay la suficiente evidencia de que eso ocurriera, pero de su situación hay quienes se han aprovechado para promoverse y presentarse como los luchadores sociales que los acompañen en su lucha, como es el caso de los cetegistas, de los ayotzinapos que los mandaron a Iguala y de la organización Tlachinollan, que también utiliza la desgracia de esos padres.

Quien se presenta como vocero de los padres, Felipe de la Cruz es en realidad un cetegista, que no es padre de ninguno de los desaparecidos, pero es uno de los que mueven a los padres de acuerdo con la línea política que han trazado quienes están detrás de las movilizaciones y las agresiones, que todo indica es el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador y su equipo.

Ahora anuncian nuevo recorrido en la zona de Iguala, acompañados de policías comunitarios que irían armados, lo que podría no permitirse por parte del ejército, que debe hacer cumplir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque no está autorizado que los comunitarios se muevan por el estado portando sus armas, de modo que podría proceder a desarmarlos.

EN LOS CUARTELES MILITARES no hay normalistas, como insisten los padres, porque no tendría ningún sentido que ahí los estuvieran reteniendo si nada se lograría con eso.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visite y recorra las instalaciones del campo militar de Iguala, donde pretendieron entrar esos grupos que insisten en involucrar a los militares, que todo indica no tienen relación con los hechos violentos de Iguala.

Quien se advierte más interesado en que se quiera culpar a los elementos del ejército es el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales, quien movido por intereses muy particulares insiste en que debe investigarse a los mandos de las zonas militares del estado, porque según él tuvieron que ver con las acciones que se desarrollaron la noche en que los normalistas desaparecieron.

ES UNA DESGRACIA la que viven los padres de los normalistas, que se resisten  aceptar que fueron muertos e incinerados en Cocula, sino que como todo padre quieren que se los busquen por todas partes, con la esperanza de volver a verlos y recuperarlos.

De eso se han aprovechado todos esos que se mueven en torno suyo y son los que promueven la idea de que los estudiantes pueden estar vivos, porque de esa manera mantienen vigente un movimiento que les sirve a sus intereses de  crear problemas y empujar la ingobernabilidad en el estado, con la peregrina intención de que ese desorden trabaje en favor de su causa y que logren hacerse del control de municipios y otras instancias de poder que les sirvan para saquearlos y luego presentarse como los salvadores.

Quienes mueven y alientan la violencia y el desorden son obviamente la Ceteg, los grupos de ayotzinapos violentos, Tlachinollan, con Vidulfo Rosales a la cabeza, y los integrantes de Morena, así como algunos medios de comunicación que suponen que están haciendo la revolución en Guerrero.

JURISTAS DEL ESTADO EN CONTRA DE LA LIBERACIÓN DE NESTORA SALGADO

El Consejo de juristas del Estado de Guerrero, A. C., consideraron que la Fiscalía General del Estado debe rechazar por infundada la petición que realizó el Ejecutivo del estado en cuanto a retirar los cargos y promover la liberación de Nestora Salgado.

Le piden a cambio que “actúe y resuelva la petición del Ejecutivo con estricto apego a derecho, alejado de presiones políticas que vulneren en forma total el Estado de Derecho que debe imperar en todos los casos jurídicos, actuando la Fiscalía con total y absoluta independencia, máxime que se trata de un órgano autónomo”.

Firman los presidentes de varios colegios de abogados del estado de Guerrero.

En las consideraciones señalaron que de acuerdo a las leyes vigentes la petición del desistimiento penal a favor de Nestora Salgado “consideramos que es infundada e improcedente la petición que realizó el Ejecutivo del estado a la Fiscalía General”, porque la Fiscalía “es la autoridad máxima que tiene la obligación legal de tutelar, salvaguardar, proteger y representar los derechos de las víctimas u ofendidos en la comisión de un delito”.

Sin embargo, la petición del gobernador Ortega tiene que ver con el hecho de que Nestora era líder de la policía y que las detenciones que hizo fueron legales y no pueden ser calificadas como secuestro.

Habrá que ver la conclusión de este caso que ha llamado la atención de mucha gente en el país.

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