La Comisión de
Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático analiza una iniciativa
de reforma y adición a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Guerrero para fortalecer el Fondo Auxiliar Ambiental Estatal
denominado “Fondo Verde” como un instrumento clave para financiar acciones de
conservación, restauración ecológica, mitigación y adaptación al cambio
climático, así como la protección del bienestar animal, mediante una gestión
más transparente, participativa y fuentes de financiamiento.
La propuesta de iniciativa, presentada por el
diputado Alejandro Carabias Icaza, expone que Guerrero enfrenta problemáticas
ambientales como la deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación de
cuerpos de agua y aire, los efectos del cambio climático como huracanes,
inundaciones y sequías, incendios forestales entre otros, que demandan una
respuesta urgente y replantear las políticas públicas, así como implementar
estrategias de adaptación, mitigación y resiliencia.
El también coordinador del Grupo Parlamentario del
PVEM resaltó que, si bien es cierto se debe implementar una política climática,
integral y coherente, esta debe ser respaldada por un presupuesto adecuado que
se enfoque en la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y
los daños ambientales provocados por fenómenos naturales extremos y
catastróficos, la protección y promoción del bienestar animal y la prevención
de incendios forestales.
Agregó que las medidas de austeridad implementadas
desde el Gobierno Federal han provocado una reducción significativa en las
partidas presupuestarias, afectando diversas áreas, incluido el medio ambiente,
generando un impacto en las dependencias ambientales de la entidad como la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) y la Procuraduría
de Protección Ambiental (PROPAEG) al limitar su capacidad de acción.
Por lo anterior, es fundamental optimizar el uso de
recursos extraordinarios, como los ingresos derivados del cobro de derechos,
servicios y multas impuestas por la autoridad estatal ambiental, lo que puede
proporcionar un alivio financiero necesario para que estas instituciones
cumplan con sus objetivos a través del “Fondo verde”, el cual fue creado desde
2012 con el objeto de recibir aportaciones económicas para financiar la
procuración de la justicia ambiental y el desarrollo de programas de fomento ecológico
entre otras acciones.
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