La
Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del
Estado analiza reformas a la Ley estatal para la Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes para establecer mecanismos claros de prevención,
detección, atención y sanción del maltrato y abuso sexual infantil en el
entorno escolar, mediante protocolos interinstitucionales, capacitación del
personal educativo y acompañamiento integral a las víctimas, garantizando
entornos seguros y libres de violencia.
Estas reformas, que fueron propuestas por la
diputada Ana Lilia Botello Figuera y a las que se adhirió la diputada Glafira
Meraza Prudente, plantean que en escuelas de la entidad se han identificado
diferentes conductas que generan situaciones de riesgo para el alumnado, como
el acoso, abuso sexual y maltrato.
En la propuesta, la diputada señala que las y
los menores se enfrentan situaciones sociales como la inseguridad, la
violencia, la ruptura de lazos afectivos dentro de la familia y la sociedad,
así como el abandono escolar en muchos casos, ocasionando además, que niños,
niñas y adolescentes enfrenten situaciones difíciles tanto dentro de sus
hogares como en el ambiente social en el que se desenvuelven, llegando incluso
a reproducir dichas problemáticas en las instituciones educativas.
Esto ha provocado que autoridades educativas
busquen mecanismos que le permitan enfrentar y atender estas situaciones que
enfrenta el alumnado de Educación Básica, destacando en el diagnóstico oficial
la implementación de protocolos claros de prevención, detección y actuación
para proteger a los menores, promoviendo una convivencia escolar armónica y
segura y garantizando el derecho de los estudiantes a vivir libres de violencia
y a desarrollar plenamente su personalidad.
Sin embargo, dijo que el problema persiste en
las escuelas principalmente, afectando los derechos de las niñas, niños y
adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia, por lo que la detección
temprana e inmediata son acciones fundamentales y necesarias que pueden
prevenir y, en su caso, minimizar el daño.
Por ello, propone establecer mecanismos de
acompañamiento en los casos de abuso sexual, otorgándoles ayuda psicológica y
emocional, que permitan al menor continuar con un desarrollo de vida apropiado
a su edad.
Además, de aprobarse la reforma el Gobierno
Estatal y los Municipios estarán obligados a adoptar medidas necesarias para la
recuperación física, psicológica y emocional, así como la restitución de
derechos de niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido algún daño físico,
psicológico o sexual, brindando el acompañamiento y tratamiento médico o
psicológico necesario y adecuado, para
lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la
vida cotidiana.
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