PROPONE DIPUTADA ATENCIÓN PRIORITARIA Y DIFERENCIADA EN INSTITUCIONES PARA PERSONAS EN VULNERABILIDAD

 Para establecer mecanismos de atención prioritaria en instituciones públicas para personas en situación de vulnerabilidad, mediante oficinas accesibles, módulos especializados y sistemas de fila preferencial, garantizando un trato digno, equitativo y sin discriminación en el acceso a los servicios públicos, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propone adiciones a la Ley para el Bienestar del Estado de Guerrero.

En la iniciativa, que analiza la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, la legisladora señala que en cada sociedad existen grupos en situación de vulnerabilidad que, por diversas condiciones sociales, económicas, culturales, físicas o psicológicas, enfrentan mayores obstáculos y riesgos de ser discriminados, excluidos o violentados.

Por eso, agrega que establecer una normatividad específica para su protección es una necesidad imperiosa para garantizar una verdadera igualdad y salvaguardar la dignidad de cada individuo.

Dijo que “los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la  comunidad LGBTIQ+, migrantes, entre otros, se encuentran expuestos a un riesgo significativo elevado, la violencia generalizada, la consolidación de la criminalización organizada, la pobreza multidimensional y la discriminación sistémica son factores que exacerban las condiciones que los tornan particularmente susceptibles a sufrir violaciones graves de sus derechos fundamentales”.

En ese sentido, la diputada expone que proteger estos grupos significa reconocer que no todos enfrentan los mismos desafíos y que por lo tanto las soluciones no pueden ser uniformes, especialmente en el acceso a los servicios públicos, ya que es crucial que sean accesibles y equitativos para todas y todos.

Por ello, su propuesta de adición de un artículo 16 Bis a la Ley para el Bienestar del Estado de Guerrero es para establecer que toda institución pública establecerá mecanismos de atención prioritaria y diferenciada para las personas que integran los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.