El Congreso
del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Aprovechamiento y Gestión
Integral de los Residuos del Estado para fortalecer la gestión municipal,
sancionar prácticas que dañen el medio ambiente y fomentar el aprovechamiento
de residuos, incluyendo medidas para separar residuos desde su origen, prohibir
plásticos de un solo uso y establecer sanciones más severas para quienes
incumplan la norma.
Al fundamentar el dictamen
de una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, a nombre de la Comisión
de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la diputada
Obdulia Naranjo Cabrera destacó que la Comisión considera, bajo un estudio normativo, que la legislación
ambiental del Estado debe estar a la vanguardia y armonizarse con el artículo 4
constitucional, que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como derecho
humano fundamental, obligándolo a garantizar su protección y restauración.
Por ello, agregó
que para cumplir con el mandato constitucional la legislación guerrerense debe
incorporar mecanismos que promuevan la separación de residuos desde la fuente,
el reciclaje obligatorio y la valorización de materiales, lo que permitiría
reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y minimizar la contaminación.
Además de considerar
el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de
Sitios Contaminados, en la legislación estatal, radica en que establecen los
lineamientos técnicos y estratégicos necesarios para garantizar un manejo
adecuado de los residuos desde su generación hasta su disposición final.
Asimismo, permite armonizar las políticas públicas con las obligaciones
constitucionales de protección al medio ambiente y salud pública, ya que estos
programas definen responsabilidades claras para los distintos niveles de
gobierno y sectores productivos, promueven la economía circular y previenen
daños ambientales irreversibles al incorporarlos en la normativa.
También se fortalece el marco jurídico evitando vacíos legales que
puedan derivar en prácticas contaminantes, asegurando que las acciones de
prevención gestión y remediación se realicen bajo criterios científicos y
técnicos estandarizados que protejan tanto los ecosistemas como el bienestar de
la población.
Con estas reformas se cambia la cuantificación de
sanciones de salarios mínimos a UMAS´s, ya que esta calcula con base en
criterios económicos, objetivos e independientes del salario permitiendo
mantener estabilidad en el valor real de las multas y obligaciones sin impactar
negativamente en la recuperación del poder adquisitivo del mínimo vital, al
evitar que el monto de las sanciones se vea erosionado por incrementos
salariales o que, por el contrario, se vuelvan excesivamente onerosas en
periodos de baja inflación.
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