Para fortalecer la transparencia y la rendición de
cuentas en Guerrero, el diputado Alejandro Bravo Abarca propone reformar la Constitución Política del Estado para
que los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de los
Derechos Humanos rindan un informe anual de actividades ante el Congreso del
Estado.
Además,
plantea que los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos asuman
funciones en materia de acceso a la información y protección de datos
personales para consolidar un marco institucional más abierto, responsable y
cercano a la ciudadanía guerrerense.
En
la propuesta que analiza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
destaca la necesidad de reforzar los mecanismos
de control y supervisión sobre el actuar de las autoridades encargadas de la
investigación y persecución de los delitos, para fortalecer la confianza
ciudadana en las instituciones.
Señala que, si bien
es cierto que la Constitución Política
Federal y la del Estado contemplan las
bases para la autonomía del Ministerio Público, también es deber de este Órgano
rendir cuentas del ejercicio de sus funciones, que es una obligación
democrática, particularmente cuando se trata de instituciones con amplio poder,
como la Fiscalía General.
Y
es que argumentó que actualmente la Constitución estatal no contempla de manera
explícita que la o el titular de la Fiscalía General y de la Presidencia de la
Comisión de los Derechos Humanos rindan un informe anual de actividades ante el
Congreso del Estado, siendo un vacío normativo que limita la posibilidad de
generar un diálogo institucional entre Poderes, evaluar y retroalimentar el
trabajo de ambos órganos, en un marco de respeto a su autonomía, pero también
de supervisión republicana.
Dijo
que la presentación de un informe anual ante el Congreso no sólo permite
exponer los avances, retos y estadísticas del trabajo realizado por la Fiscalía
y la Comisión, sino que también daría cauce a las inquietudes de la ciudadanía
sobre temas de interés público como el combate a la impunidad y a la
corrupción, el seguimiento a casos de alto impacto social, la protección a
víctimas, la aplicación de medidas cautelares, la eficacia de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, entre otros aspectos relevantes.
Además,
puntualizó que este mecanismo fortalecería la transparencia institucional y
permitiría a la sociedad civil conocer de forma estructurada y periódica, el
estado que guarda la procuración de justicia y la defensa de los derechos
humanos en Guerrero.
“El
informe anual sería una herramienta clave para visibilizar los logros
alcanzados, pero también para señalar las áreas que requieren fortalecimiento,
propiciando con ello la construcción de una política criminal y de defensa de
los derechos humanos, más eficaz y acorde a los principios del estado
democrático”, apuntó.
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