Para que las
personas migrantes y sus hijos nacidos en el extranjero puedan obtener de
manera ágil y efectiva pruebas de identidad y registro de nacionalidad
mexicana, sin necesidad de legalización o apostilla de documentos emitidos en
el extranjero, la diputada Citlali Yaret Téllez Castillo presentó una
iniciativa de decreto de reformas a la Ley Número 495 del Registro Civil del
Estado de Guerrero.
En la exposición de la iniciativa, que tiene el objetivo de garantizar su
derecho humano a la identidad y a la nacionalidad, la legisladora resaltó que
es fundamental que México garantice a connacionales repatriados todas las
facilidades necesarias para realizar sus trámites legales y acreditar su
identidad y nacionalidad, especialmente cuando sus hijos nacieron en el
extranjero, quienes actualmente están siendo afectados por las nuevas políticas
migratorias restrictivas en Estados Unidos.
Explicó que la iniciativa propone reformar el artículo 53 y derogar las
fracciones primera y segunda de la Ley Número 495, a fin de garantizar que las
personas migrantes cuenten con pruebas de identidad legal, evitando que sean
invisibles para el Estado o caigan en situación de apatridia, que es la
condición de una persona que no es reconocida como ciudadano por ningún país,
lo que le impide tener una nacionalidad, y puedan participar plenamente en los
procesos de regularización, reunificación familiar o retorno voluntario.
Además, se busca armonizar el marco jurídico estatal con las
disposiciones federales, derivadas de la reforma aprobada por el Congreso de la
Unión el 25 de octubre de 2023, que eliminó el requisito de apostilla o
legalización para registrar actas de nacimiento extranjeras y evitar los
obstáculos que enfrentan las familias retornadas al intentar registrar a sus
hijas e hijos ante el Registro Civil.
La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena agregó que con
la reforma se daría cumplimiento al artículo 4º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho
a la identidad, y al artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a una nacionalidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
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