Con la finalidad de
garantizar que las y los ciudadanos reciban indemnizaciones justas y oportunas
por daños a sus bienes o derechos derivados de la actividad administrativa
irregular del Estado, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa
de decreto por la que se adiciona el Capítulo VIII “De la Previsión
Presupuestal” que incluye los artículos 53, 54, 55 y 56 a la Ley de
Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y sus Municipios.
Durante la exposición de motivos, el
legislador explicó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de
Guerrero y sus Municipios representa un avance en el reconocimiento del derecho
de las personas a ser indemnizadas por daños ocasionados por la actuación
irregular de las autoridades. Sin embargo, señaló que su aplicación reciente ha
evidenciado limitaciones debido a vacíos normativos, procesos burocráticos y
falta de mecanismos claros para atender las reclamaciones.
Suárez Basurto destacó que la reforma busca
fortalecer el marco jurídico estatal bajo los principios de responsabilidad
objetiva y directa establecidos en el Artículo 109 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Estado debe responder de
manera inmediata por los daños ocasionados, sin necesidad de demostrar dolo o
culpa del servidor público involucrado.
Subrayó que la reforma contempla la creación
de una partida presupuestal específica dentro del gasto público para cubrir las
indemnizaciones, así como la posibilidad de que los entes públicos contraten
seguros de responsabilidad patrimonial, con el objetivo de garantizar el pago
oportuno a las personas afectadas.
Informó que, según la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU) el 81.4 % de la población identificó los baches
como el principal problema urbano en sus ciudades, indicadores que reflejan un
deterioro generalizado de la infraestructura urbana y la necesidad de
establecer mecanismos legales que permitan exigir compensaciones cuando los
daños sean consecuencia de omisiones o negligencia gubernamental. “La
ciudadanía no debe seguir pagando las consecuencias del abandono
institucional”, sostuvo.
Finalmente, el legislador puntualizó que la
iniciativa busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la
ética pública, garantizando que los recursos destinados a la reparación de
daños se apliquen con responsabilidad.
La iniciativa de reforma fue turnada a la
Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
0 Comentarios