El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, planeado sobre el río Papagayo en Guerrero, México, a unos 30 km de Acapulco, fue concebido desde la década de 1970 y anunciado formalmente en 2000 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, nunca se construyó debido a una fuerte oposición social, ambiental y legal que se extendió por más de dos décadas.
Las principales razones por las que no se realizó.
Resistencia comunitaria que desde 2003, organizaciones campesinas, indígenas y locales se organizaron en contra, argumentando que implicaría el desplazamiento forzado de hasta 25,000 personas, la inundación de más de 17,000 hectáreas de selva y tierras agrícolas, y la afectación al acceso a alimentos e ingresos. Grupos como el Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Presa La Parota (CECOP) lideraron protestas, alegando violaciones a derechos humanos y falta de consulta previa.
Salvaguardando la perspectiva socio ambiental. El megaproyecto fue criticado por su impacto en ecosistemas, recursos hídricos y comunidades, considerándolo un "negocio del capital trasnacional" que no beneficiaría a Guerrero, sino a inversionistas externos. En 2006, el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó su cancelación por no demostrar beneficios claros y por riesgos en el derecho a la tierra y vivienda.
Las acciones legales que en 2007, un juez federal suspendió la construcción para prevenir daños irreparables a derechos constitucionales como el ambiente sano, audiencia y legalidad. La CFE inició trabajos sin permisos en 2003, pero fue obligada a retirarse por la movilización local.
Asimismo, las decisiones gubernamentales. Ya que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se descartó retomar el proyecto, afirmando que no se construiría debido a la oposición.
Finalmente, en 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su cancelación definitiva, al menos durante su sexenio, reconociendo los daños ambientales y sociales.
La combinación de movilizaciones sociales persistentes, fallos judiciales y cambios en políticas federales impidió su avance, priorizando la protección de comunidades y el medio ambiente sobre el desarrollo energético propuesto.
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