El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero para garantizar el asesoramiento jurídico gratuito a este sector en cualquier procedimiento administrativo o judicial, ya sea civil, familiar, penal o agrario.
Al fundamentar el dictamen —derivado de una propuesta presentada por la diputada Violeta Martínez Pacheco, a nombre de la Comisión de Atención a las Personas Adultas Mayores— el diputado Juan Valenzo Villanueva explicó que el objetivo de reformar el artículo 17 de este ordenamiento es eliminar la restricción que limitaba la asesoría legal únicamente al ámbito laboral.
Recordó que en Guerrero habitan más de 443 mil personas adultas mayores, y que las y los legisladores tienen el deber de garantizar que este sector cuente con derechos y herramientas reales para su defensa.
Detalló que, hasta ahora, la legislación establecía que la Secretaría General de Gobierno solo estaba obligada a brindar asesoría jurídica gratuita en materia laboral, sin posibilidad de representar a las personas adultas mayores en casos como juicios sucesorios, despojo de propiedad o abusos patrimoniales en el ámbito familiar.
Esta situación, añadió, colocaba en desventaja económica a este sector, pues para atender estos asuntos debían contratar a un abogado particular. Con las modificaciones aprobadas se avanza en la progresividad de los derechos humanos de las personas adultas mayores.
De este modo, se garantiza el asesoramiento jurídico gratuito en cualquier procedimiento administrativo o judicial —civil, familiar, penal o agrario— asegurando que el Estado brinde representación legal efectiva.
Reformas a la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero
Las diputadas y los diputados también aprobaron reformar la fracción VIII del artículo 78 de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo, para incrementar el estímulo al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal del 5 al 25 por ciento, condicionado a que las empresas contraten al menos un 8 por ciento de personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral.
El diputado Alejandro Bravo Abarca, al fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Atención a las Personas con Discapacidad y de Desarrollo Económico y Trabajo, destacó que esta reforma busca incentivar de manera efectiva la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector productivo del estado.
Explicó que actualmente la legislación contempla un estímulo del 5 por ciento para las empresas que integren a personas con discapacidad en su plantilla; sin embargo, con la reforma se incrementa al 25 por ciento, condicionado a que al menos el 8 por ciento de su personal pertenezca a este sector. La propuesta inicial fue impulsada por el diputado Arturo Álvarez Angli.
Iniciativas
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa por la que se reforma la Ley 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, para que se garantice un catálogo ampliado de derechos fundamentales que incluyen el acceso a tecnologías digitales, empleo digno, vivienda, salud mental y participación política, asegurando que las juventudes cuenten con un marco legal moderno que promueva su desarrollo integral y la construcción de su proyecto de vida. La propuesta por la que se reforman las fracciones XII, XIII y se adicionan las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XII, XIII, XIV al artículo 12 de la Ley 688, fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó una iniciativa por la que se adiciona la fracción I Bis al artículo 70, y se reforma el párrafo tercero del artículo 80, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objeto de que se reconozca el derecho de las personas buscadoras a recibir acompañamiento psicosocial y se prohíba estrictamente cualquier práctica administrativa que condicione el inicio de la búsqueda, garantizando la inmediatez y eficiencia en la localización. Fue turnada a la Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT) presentó una iniciativa por la que se reforman las fracciones I, II, III y se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X y la fracción IV se recorre a la fracción X del artículo 69 Ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para que se fortalezcan las facultades y atribuciones de la unidad administrativa encargada de atender a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando que cuente con herramientas legales para promover su desarrollo integral, establecer mecanismos de consulta y asegurar el respeto a sus derechos en el ámbito municipal. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
Dictámenes
El Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen de valoración previa por el que no se admite y se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el ciudadano Policarpo Gatica Ramírez en contra de la Mtra. Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de juicio de responsabilidad política presentada por el licenciado Carmelo Loeza Hernández, quien se ostenta como apoderado legal de Guillermo Barreda Alvarado, Javier Santamaría Chávez, Macrina Sosa Leyva, Agustín Salgado Díaz, Juana Cástula Cruz Tello, Ofelia Diego Callo, Mercedes Montes Gil, Víctor Hugo Porcayo Rivera, Felipe Adolfo Vergara Aburto, Florencio Felipe Solano, Jesús Alfredo Solís Rosas, Juvenal Ramírez Mendoza, Martha Navarrete Reyes, Victoria Escuen Ávila, Erika Gutiérrez Cortéz, Edgar Guatemala Delgado, Lorena Ruiz Gatica, Olga Reséndiz Dorantes y Adela Torres Olea, respectivamente, en contra de la presidenta del ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, Abelina López Rodríguez.
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