La reforma tiene como propósito facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio, así como en otros delitos como secuestro, desaparición forzada de personas, trata, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Se busca establecer un tipo penal homogéneo de feminicidio en el país, además de fortalecer las acciones para prevenir e investigar este delito, así como la atención a las víctimas indirectas, con prioridad en las menores de edad.
De acuerdo con el proyecto aprobado, el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación correspondiente, mientras que las disposiciones vigentes continuarán aplicándose hasta la entrada en vigor de la nueva ley general en la materia.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, señaló que el feminicidio es la expresión más extrema de violencia de género, por lo que resulta indispensable fortalecer el marco jurídico para garantizar justicia, prevenir la impunidad y proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres.
Fijaron postura a nombre de sus Grupos Parlamentarios y Representaciones de Partido las diputadas y diputados María Irene Montiel Servín (PAN), Leticia Mosso Hernández (PT), Erika Lorena Lührs Cortés (MC), Rebeca Núñez Martínez del Campo (PRD), Gladys Cortés Genchi (PVEM), María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) y Marisol Bazán Fernández (Morena).
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