La Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur hace un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las instituciones del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, ante la creciente preocupación por el modelo actual de ordenamiento territorial y ecológico en el país.
El día 30 de abril de 2026 han vuelto a sobrevolar las áreas de amortiguamiento de la Reserva Biósfera Sierra La Laguna -como lo empezaron a hacer el verano anterior 2025- con la variante que ahora han comenzado a introducir materiales de construcción, cuidando rutas desde las que no sean percibidos por la mayoría de las comunidades aledañas. Esta zona del Área Natural Protegida fue paradójicamente comprada por el político, aliado de Morena, y empresario Jorge Emilio González Torres, dueño e hijo del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca establecer desarrollos inmobiliarios y apropiarse de los recursos naturales de la zona.
A finales del 2025 e inicios de este año en curso, han buscado la aprobación del proyecto “Santuario del Tío Checo” con la pretención de reproducir para luego introducir a la zona núcleo especies ajenas al ecosistema, sin estudios científicos, transparentes y participativos, priorizando fines turísticos e inmobiliarios así como la degradación del entorno que lo convierta facilmente en objeto de intervención, bajo argumentos de conservación, con riesgos para el equilibrio ecológico, el agua y la vida comunitaria. Sospechosamente, el 19 de febrero de 2026, fue aprobada por unanimidad total una reciente reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por el Congreso de la Unión promovida por el mismo PVEM que permite la reintroducción de especies ajenas al ecosistema en Áreas Naturales Protegidas.
Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había rechazado la Manifestación de Impacto Ambiental de dicho proyecto, lo que sucedió el día de ayer 30 de abril de 2026 pasa por encima de cualquier resolución estatal y federal, poniendo en riesgo la soberanía de México y Baja California Sur. Asimismo, la unanimidad de la votación a favor de la introducción de especies ajenas al ecosistema y el avance del proyecto, refleja que hay intereses privados y extranjeros por encima del nacionalismo que supuestamente representan nuestros funcionarios.
En respuesta, desde el pasado 21 de febrero de 2026 en la localidad de Santiago, municipio de Los Cabos, las comunidades de la región han comenzado a organizarse bajo la constitución de una Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur, como un espacio de organización para la defensa del territorio en contra de la política de ordenamiento territorial planteada actualmente por el gobierno federal. Las políticas implementadas a través de figuras como Áreas Naturales Protegidas (ANP), Áreas Marinas Protegidas (AMP) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) han derivado en la pérdida de territorio, el debilitamiento de la soberanía nacional y el desplazamiento de pueblos originarios. Bajo esquemas de conservación y desarrollo, se ha facilitado la entrada de capital privado y extranjero en la administración de recursos naturales estratégicos.
Las y los integrantes de la Asamblea informan que han buscado interlocución con autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, así como legisladores federales y senadores por Baja California Sur, sin obtener seguimiento ni respuesta efectiva a sus planteamientos.
Pliego Petitorio de la Asamblea
Ante este contexto, la Asamblea General Pueblos Soberanos de Baja California Sur solicita:
1. La emisión de un decreto presidencial para recuperar predios dentro de Áreas Naturales Protegidas actualmente en manos de capital privado y extranjero.
2. La construcción de una nueva política territorial y ecológica centrada en la defensa de los pueblos originarios y la soberanía nacional.
3. La garantía de participación y consulta efectiva de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios.
4. El reconocimiento del agua como asunto de seguridad nacional.
5. El impulso a reformas legislativas, incluyendo la ley reglamentaria del artículo 67 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
6. La atención al pronunciamiento emitido el 25 de marzo de 2026 por esta Asamblea, donde se detalla el impacto del modelo territorial actual.
La Asamblea enfatiza que México enfrenta un momento decisivo en la defensa de su territorio, recursos naturales e identidad cultural. Señala que la continuidad de los modelos actuales profundiza la degradación ambiental, la desigualdad social y la pérdida de soberanía. Finalmente, hacen un llamado a la Presidenta de la República para atender estas demandas y abrir un diálogo directo con los pueblos, en favor de un modelo que priorice la vida, el territorio y la identidad sudcaliforniana.
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