Analizan propuesta legislativa para fortalecer el Programa de Salud Mental y Adicciones



La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una proposición con punto de acuerdo de la diputada Obdulia Naranjo Cabrera para fortalecer la cobertura del Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones, mediante la contratación y distribución estratégica de personal especializado en psicología, psiquiatría y trabajo social en los municipios con mayores necesidades de atención. 

Sobre esta propuesta de exhorto a la Secretaría de Salud estatal y el Consejo de Salud Mental y Contra las Adicciones del Estado de Guerrero, la legisladora del PVEM refirió que la salud mental constituye uno de los principales desafíos de salud pública, a raíz de que en los últimos años se registra un incremento de casos de ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas y conductas suicidas.

Abundó que esta problemática afecta a todas las edades, pero especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; situación que se agrava aún más en Guerrero debido a factores como la pobreza, marginación, violencia y la dispersión geográfica, lo que dificulta el acceso a servicios especializados.

Naranjo Cabrera reconoció que la Secretaría de Salud estatal ha realizado acciones al respecto, “aunque hay mucho por hacer, ya que existen municipios con atención psicológica y psiquiátrica insuficientes; comunidades rurales e indígenas que requieren servicios itinerantes y centros educativos donde hacen falta programas permanentes de prevención y atención”, detalló.

Por lo anterior, planteó la necesidad de fortalecer el Programa Estatal de Salud Mental y Adicciones, mediante la ampliación de personal especializado, la implementación de programas permanentes de atención psicológica y prevención del suicidio en escuelas, el despliegue de brigadas móviles en comunidades alejadas y el fortalecimiento de acciones preventivas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como consolidar un sistema estatal de información que permita diseñar políticas públicas con base en evidencias.

Naranjo Cabrera remarcó que garantizar el acceso a los servicios de salud mental representa una inversión en el desarrollo humano, la estabilidad familiar y la seguridad pública. 


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