Para garantizar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores que participan en la ejecución de obras públicas, el diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 57, 61 y 65 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.
Al presentar su propuesta durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el legislador de Morena señaló que las empresas contratistas deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales mediante la afiliación de su personal al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como mostrar el registro de la obra y la información correspondiente de nómina y lista de raya de quienes participan en la ejecución de los proyectos.
Explicó que la naturaleza de esta actividad se califica como empleo temporal, ante la eventual culminación de los proyectos de construcción; sin embargo, existen ordenamientos estatales y federales en materia de seguridad social que plasman la obligación de los contratistas de registrar toda obra y dar de alta a sus trabajadores, evitando que se vulneren sus derechos.
En ese sentido, indicó que el beneficio primordial de esta iniciativa radica en dignificar las condiciones de vida de quienes trabajan en la construcción en Guerrero garantizando que cuenten con un seguro de riesgos de trabajo activo desde el primer día de la obra.
“Esto es de vital importancia en un sector con una alta tasa de siniestralidad, donde un accidente sin seguridad social suele significar la ruina económica de la familia entera. Sin embargo, con este candado legal, el albañil, el peón y el artesano de la construcción tendrán acceso real a la atención médica, medicamentos, cirugías e incapacidades pagadas ante cualquier eventualidad”, ilustró.
De la misma forma, la iniciativa busca dotar a las dependencias ejecutoras de herramientas que les permitan verificar el cumplimiento de estas obligaciones durante el desarrollo de las obras, garantizando mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso para su análisis y dictaminación correspondientes.
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