Maestros aguerridos, gobernante ambiguo


Rodrigo Huerta Pegueros*

No es la primera vez que el gobierno del estado a través de funcionarios de primer nivel o directamente del propio gobernador, Ángel Heladio Aguirre Rivero, han advertido y amenazado al magisterio guerrerense, sean estos de la fracción institucional (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) o de la disidencia (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la educación de Guerrero), de que día en que no den clases no se les cubrirán sus salarios o que serán detenidos por cometer diversos delitos del orden común o federal, sea esto por  bloquear  carreteras o casetas de cobros federales o por impedir accesos a los edificios públicos del gobierno estatal.
Durante el actual periodo gubernamental—iniciado en el mes de Abril del 2011—los maestros han realizado infinidad de actos que contravienen las normales legales y es la fecha en que el gobierno no ha aplicado la ley tal y como lo han advertido tanto funcionarios como el propio ejecutivo estatal.
Un ejemplo reciente de lo que decimos son las marchas que escenificaron los maestros en protestar por la reforma educativa, en defensa de la gratuidad de la educación y sus derechos laborales.
Los argumentos esgrimidos por los mentores estatales  son que, tanto la gratuidad educativa como sus derechos laborales adquiridos están siendo amenazados por las reformas recientemente aprobadas por los legisladores federales.
Ante estos argumentos del magisterio las autoridades federales y estatales solo tienen como respuesta las amenazas de represión, lo cual no solo es criticable sino condenable, pues los movimientos sociales deberían ser tratadas como problemas que pueden tener solución por la vía del diálogo y no por la fuerza coercitiva del Estado.
Lo que hemos visto durante este gobierno dizque de izquierda, es una ambigüedad absurda y una deficiente comunicación gubernamental, pues los ciudadanos desearían que el gobernador cumpliera su palabra y que esta fuese respetada por sus propios subalternos, los cuáles, por cierto, se apresuran a desmentirlo y a dar versiones contrarias y encontradas, lo cual promueve una enorme confusión entre los ciudadanos y produce una algarabía entre los maestros que siguen haciendo de las suyas, sabiendo de antemano que no serán reconvenidos por los actos efectuados, aunque estos afecten intereses de terceros, del espacio público o privado.
Las marchas de protestas que tuvieron como escenario el puerto de Acapulco el pasado lunes 11 de Marzo afectaron en forma mayúscula la vida cotidiana de los acapulqueños, ya que las autoridades de los tres niveles de gobierno no movieron un dedo para que la afectación fuese menor y dejaron que los maestros hicieran y deshicieran a sus anchas en esta ciudad donde el turismo es la divisa preponderante.
¿Hasta cuándo el gobierno estatal hará valer la ley, la cual dice que no es negociable?


No queremos que se llegue a la represión física, sino que se aplique la ley en la materia. Si son maestros y se les paga por dar clases, pues cuando esto no ocurra, no tienen porque percibir salario alguno. Y si durante las movilizaciones a las cuáles tienen derechos todos los ciudadanos de este país para protestar por lo que creen que son violaciones a sus derechos y garantías individuales, cometen desmanes y afectan intereses de terceros y destrozan mobiliario público o privado, los vándalos deberán ser llevados ante los representantes de la ley para que respondan por los hechos cometidos.
Pero no se puede jugar al justiciero de dientes para afuera. Tampoco se puede asustar con el petate del muerto, sobre todo cuando este petate ha sido usado en infinidad de ocasiones y no solo en contra del movimiento magisterial sino contra otros grupos sociales.
En conclusión, el gobierno del estado deberá replantearse su forma de comunicación con el resto de la sociedad y debe analizar y evaluar cada amenaza que haga pública a fin de cumplirlas y no caer en ambigüedades absurdas.
Si la ley no se negocia, entonces habrá que aplicarla ya. El diálogo sirve siempre y cuando este se utilice en tiempo y forma y no como herramienta para invalidar los actos de justicia.

Periodista/Analista Político*