Carlos Reyes Romero
Ya era hora. Por fin Rogelio Ortega Martínez, actual gobernador
de Guerrero, hizo lo que debió haber hecho desde que asumió el cargo: dialogar
con los padres de los 43 normalistas desaparecidos y sumarse físicamente a sus
demandas de justicia y presentación con vida de sus hijos.
Ciertamente, fue sólo con una parte de ellos, pero es un
mensaje muy revelador que de continuar puede llevar a que el gobernador sea
factor relevante para remontar la crisis de incredulidad y desconfianza hacia
todos los poderes públicos que vive la sociedad mexicana.
Bien dice el Presbítero Baltasar Vega Ramos: un solo acto bien
intencionado puede redimir muchos errores. Y ese es el punto a favor de Rogelio
Ortega.
No es fácil y declaraciones como la que vino a hacer el
presidente Peña Nieto a Acapulco, acerca de que hay que empezar a remontar y olvidar
la barbarie, no ayudan en nada antes bien atizan el fuego.
Ojalá Rogelio Ortega vuelva los ojos más frecuentemente a su
pasado, a los ideales democráticos y se comprometa más con la sociedad
guerrerense y no sólo con quienes lo postularon para su actual responsabilidad.
Es menos de un año lo que le resta al frente del Ejecutivo,
pero es más que suficiente para demostrar que puede ser un buen gobernante o…
el peor.
Cirugía mayor. El presidente Peña Nieto sigue entrampado en
querer minimizar la barbarie de Iguala y dejarla en un simple ajuste de cuentas
con el grupo criminal “Guerreros Unidos” y el ex edil de Iguala José Luis
Abarca, sin tocar a ningún otro funcionario estatal o federal, a pesar de que
existen serias evidencias de que hubo solapamiento, encubrimiento y obstrucción
de la justicia, no sólo en cuanto a lo que sucedía en el Ayuntamiento de
Iguala, la policía municipal y entre los mandos del 27 Batallón del Ejército
que deliberadamente se hicieron de la vista gorda, sino que varios funcionarios
de primer nivel federal y estatal sabían lo que estaba pasando y no actuaron a
tiempo para impedir la tragedia que conmociona al país y al mundo.
Por ese camino se está conduciendo al estado y al país hacia
una crispación social que adquiere niveles de ingobernabilidad más riesgosos, mientras
las acciones represivas generan mayores y más contundentes rechazos.
Peña Nieto se niega a aceptar que lo grave de la situación requiere
de una cirugía mayor. El contubernio entre autoridades, policías, juzgadores y
delincuentes, es objeto de señalamientos, críticas y denuncias ascendentes sin
que el gobierno federal haga algo serio para erradicarlo.
El gobernador de Morelos ya adelanto algo respecto de las
drogas, pero la verdad es que para acabar con la violencia que ensangrienta al
país, habría que tomar cuando menos tres medidas urgentes.
La primera, sería legalizar y reglamentar adecuadamente la plantación,
exportación y consumo de mariguana y orientarla fundamentalmente hacia los
mercados estadounidense y europeo. Convendría también valorar la posibilidad de
hacer lo propio con los plantíos de amapola. Ellos necesitan la droga; nosotros
necesitamos seguridad pública y paz social.
La segunda, es más drástica y consistiría en decretar un
indulto general, al que pudieran acogerse todos aquellos que dentro y fuera de
los poderes públicos están coludidos con los secuestros, el cobro de piso, la
trata de blancas y el tráfico ilícito de órganos. Son tantos los empresarios, funcionarios
y juzgadores que tienen vela en el entierro que nadie se atreve a actuar para
que no le pisen la cola. Pueden establecerse varias modalidades al respecto,
pero lo fundamental está en aplicar una política de borrón y cuenta nueva.
La tercera medida, sería ejercer acciones efectivas para llevar
ante la ley a quienes continúen delinquiendo, haciendo caso omiso del indulto
mencionado. Lo cual tendría que ser acompañado, como ya lo hemos dicho, de un
acuerdo de todas las fuerzas políticas y de un Consejo de Estado, que
garanticen honestidad pública, cero tolerancia al delito y a la impunidad, fin
a la colusión gubernamental y policíaca con el crimen organizado, alto a la
prevaricación de la justicia y blindaje y limpieza efectiva del sistema
electoral.
¿Se irán, igual que llegaron? El pasado 3 de diciembre se
puso en marcha el operativo especial de seguridad Tierra Caliente, con el que la
Secretaría de la Defensa Nacional asume el control de la seguridad en 36
municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Morelos; operativo que
en Guerrero abarcara 22 municipios, 12 de la región Norte, los nueve de la
región Tierra Caliente, y Eduardo Neri (Zumpango) de la región Centro,
participando efectivos de la Policía Federal y su división de Gendarmería, la
PGR, la Marina, el Ejército y el Cisen.
Sin embargo, tan necesario e importante operativo corre el
riesgo de quedar en nada, como ha sucedido con otras intervenciones federales
en el estado.
¿Quién no recuerda que durante los gobiernos de Zeferino
Torreblanca y Ángel Aguirre, los federales se limitaban a perseguir la
piratería de películas y música, ubicar autos robados, detener a consumidores
de drogas y amedrentar a sexoservidoras? Pero eso sí, jamás tocaban a los
Beltrán Leyva y al Chapo Guzmán, que todos sabían que operaban libremente en el
estado, ni a Rogaciano Alba quien era protegido de Zeferino Torreblanca con
pleno conocimiento de la PGR. Otro botón de muestra: desde principios de este
año, luego del atentado al líder empresarial Pioquinto Damián Huato, los
federales llegaron a Chilpancingo y sin embargo el crimen sigue operando a sus
anchas.
El Presidente Peña Nieto, Gobernación, las fuerzas armadas,
el Cisen, la PGR y el gobierno del estado conocen la gravedad de lo que acontece
en la Tierra Caliente, virtualmente bajo el control de la delincuencia
organizada. Saben también que los delincuentes traen a un grupo de secuestrados
sembrando enervantes en la Sierra, entre ellos muchos jóvenes levantados en
Chilpancingo y otras ciudades de la entidad ˗lo cual ha denunciado varias veces
en tribuna el diputado local Rubén Figueroa Smutny˗, saben bien quiénes son y
cuál es su estructura y ramificaciones. No vienen a ciegas.
La pregunta obligada es: ¿Van a actuar efectiva y eficazmente
contra ellos o nada más vienen a gastar en gasolina, viáticos, hospedaje y a
cobrar horas extras y estímulos? Lo cual sería muy grave porque aumentaría la
creciente y ya desbocada incredulidad ciudadana hacia las instituciones.
El mando del operativo está a cargo del general brigadier, diplomado
de Estado Mayor, Enrique Dena Salgado.
Esta es la primera vez en el país que el Ejército asume
oficialmente el mando único. De ahí la enorme responsabilidad que la
institución tiene por sus resultados. Ojalá cumpla.
Diciembre 7 de 2014.
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