Disertaciones : Noé Ibáñez Martínez
Pese a múltiples operativos de seguridad implementados por los tres niveles de gobierno, la violencia no cesa en Guerrero, una entidad que pareciera estar predestinada a vivir entre el olor a pólvora y los charcos de sangre, y de formar parte de la cotidianeidad de los guerrerenses.
Los asesinatos en diversos sitios públicos como plazas, avenidas, oficinas gubernamentales y playas repletas de turistas, como el caso de Acapulco, son síntomas de un proceso de descomposición social que claramente va en aumento en nuestra entidad, sin que las autoridades y la propia sociedad misma —con un papel fundamental— puedan y/o quieran detenerlo.
Tal es el nivel de violencia que en los primeros dos meses de este año (enero y febrero), hubo 17 por ciento más homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año pasado, reportó esta semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En ese periodo del 2015 se registraron 278 casos, en tanto que este año sumaron 326 y la mayoría de las averiguaciones previas de homicidio doloso se presentaron en Acapulco.
Con este nivel de violencia, Guerrero se ubica en el segundo lugar nacional en ese delito, detrás del Estado de México, que registró 328 en dicho periodo. Sin embargo, encabeza la lista en tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 9.09. Si se toma en cuenta que el promedio nacional es de 2.39, la tasa de Guerrero es casi cuatro veces mayor.
Según las autoridades, la violencia se atribuye a la disputa territorial de organizaciones criminales por el control de la producción y venta de drogas, las rutas de trasiego y los cobros de piso, entre otros ilícitos.
Quizá por ello, ayer la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un acuerdo en el que ofrece recompensas de un millón y medio de pesos y de tres millones de pesos, por información que permita la captura de 13 delincuentes identificados como responsables de la ola de violencia en Guerrero y Morelos, cuyos nombres cobraron relevancia a partir de la investigación que se inició contra los grupos criminales a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las gratificaciones más altas que la PGR pretende pagar a los denunciantes tienen como objetivo localizar y capturar a Santiago Mazarí Miranda Hernández, 'El Carrete', líder de ‘Los Rojos’ en Morelos y Guerrero, personaje que ha sido mencionado en la indagatoria del caso Iguala. A quién los padres de los 43 normalistas le han solicitado apoyo de para dar con el paradero de sus hijos, luego de que éste se deslindara del ataque a los estudiantes.
Otra de las recompensas de tres millones de pesos es por datos que ayuden a encontrar a Johnny Hurtado Olascoaga 'El Pescado', líder de ‘La Familia Michoacana’, quien, según las autoridades, se oculta en Guerrero.
La PGR ofrece también tres millones de pesos por información que le permita atrapar a Salvador Granados Vargas, 'El Chava Granados', quién opera en la Costa Grande.
Asimismo, otros de los objetivos de la PGR es la localización de Eder Jair Sosa Carbajal, líder de ‘La Barredora’, célula criminal que es una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de quien se ofrecen tres millones de pesos.
Entre los delincuentes por quienes se ofrecen recompensas de millón y medio de pesos está también Salomón Pineda Villa, cuñado del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ex servidor público señalado por la PGR como presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En tanto, el gobernador Héctor Astudillo Flores, se ha pronunciado por una posible legalización de la siembra de amapola con fines medicinales, como una medida legal para disminuir el nivel de violencia en la entidad, aunque hasta ahora por lo menos ha avivado el debate en torno a ésta y sobre la mariguana.
hist23@gmail.com
@ibanez_marti
0 Comentarios