Dolor, vergüenza e indignación por la matanza de Iguala

Carlos Reyes Romero

Así han calificado diversas personalidades de la vida pública las declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam sobre los avances en la investigación del paradero de los 43 normalistas desaparecidos.

Vergüenza e indignación por la cachaza y la indolencia mostrada tanto por el procurador como por el presidente Peña Nieto al dar por cierto que los jóvenes están muertos.

Dolor de los padres de los estudiantes y de toda la sociedad mexicana por la tragedia que implica que en México sucedan estos hechos con la plena complicidad y encubrimiento de quienes pudieron haberlos evitado si hubieran actuado a tiempo para detener y llevar ante la ley al ex alcalde de Iguala por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez; de haberse hecho así no hubieran sucedido en Iguala los crímenes de lesa humanidad que todos lamentamos.

Con la certeza de quienes están convencidos de que promueven una causa justa, los padres de los normalistas desaparecidos condicionaron la aceptación de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, a que los peritos argentinos en antropología forense confirmen de manera fehaciente y concluyente que efectivamente se trata de ellos.

Asimismo, demandaron que el gobierno mexicano firme cuanto antes el convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que especialistas de este organismo participen y asesoren en la búsqueda de los desaparecidos y también que se brinden todas las facilidades a los representantes legales de los padres de los desaparecidos para que puedan participar y tener acceso sin límites a toda la averiguación que realizan las autoridades ministeriales y gubernamentales.

Exigieron también al presidente Peña Nieto que cumpla los compromisos suscritos el 29 de octubre pasado, particularmente el de redoblar e intensificar la búsqueda de los jóvenes.

Los padres y buena parte de la sociedad mantienen la esperanza de que los normalistas todavía estén con vida.

El propio Murillo Karam mañosamente evadió dar como concluyentes los avances de la investigación que presento y adelanto que el gobierno mexicano someterá el análisis de los cuerpos calcinados a especialistas de la Universidad de Innsbruck en Austria. 

Antes de partir a su gira por China y Australia, Peña Nieto reconoció por primera vez la debilidad institucional del gobierno de Aguirre Rivero y la complicidad con el crimen organizado del gobierno municipal de José Luis Abarca Velázquez, ahora detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda, y prometió  que no se cejará hasta que se haga justicia.

No hay muchas razones para confiar en la palabra del Presidente, dado el involucramiento que tanto él como el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el procurador General Jesús Murillo Karam, tienen en la protección y encubrimiento del ahora ex alcalde de Iguala, además de haber obstruido la justicia al no haberlo separado a tiempo del cargo y procesarlo.

Los tres sabían de la participación de José Luis Abarca Velázquez en los asesinatos arriba mencionados, como lo sabían el gobernador Aguirre Rivero, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo ˗en su caso desde que era presidente del Tribunal Superior de Justicia˗, el fiscal general de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera y el secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez.

Todos ellos tienen responsabilidad oficial que debe ser investigada a fondo para fincarles los delitos a que haya lugar y sujetarlos a proceso. La impunidad no debe prevalecer.

El Congreso de la Unión está obligado a ir más allá de la integración de la Comisión de la Verdad y la Justicia, propuesta en el senado de la República; debe de inmediato retirarle la inmunidad constitucional cuando menos al secretario de Gobernación y al procurador General de Justicia, para que respondan de sus actos.

Tan es así, que ya la Revista New York Times adelanta la necesaria remoción de Osorio Chong y hasta nomina a su posible sucesor.

Lo propio debe hacer el Congreso del Estado de Guerrero, en cuanto a la inmunidad constitucional de que todavía gozan tanto el ex alcalde de Iguala como el ex gobernador Aguirre Rivero. La separación del cargo no quita automáticamente la protección del fuero, que en el caso de Guerrero, de acuerdo con la nueva Constitución, se prolonga hasta dos años después de dejar el cargo.

Deben deslindarse también las responsabilidades en que pudieron haber incurrido tanto el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo como el ex secretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez Pérez, quien recién renunció al cargo.

Lo malo es que el entramado jurídico del país no permite fincarle responsabilidades a ningún servidor público de los que constitucionalmente pueden ser sujetos a juicio político o a juicio de procedencia, porque la constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos están deliberadamente diseñadas para favorecer la impunidad y eludir la justicia.

¿Qué alternativa le están dejando al pueblo?

Noviembre 7 de 2014