● Apelamos a nuestro derecho constitucional a ser escuchados y acceder a la justicia.
● La nueva Suprema Corte tiene la oportunidad de demostrar que está abierta a escuchar, como lo han dicho, al pueblo y a las comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas mayas de Hopelchén, Campeche, quienes llevamos años buscando acceder a la justicia por los medios legales, a fin de que nuestra agua deje de ser contaminada con residuos de plaguicidas altamente peligrosos, solicitamos respetuosamente a la ministra María Estela Ríos González que nos reciba, atendiendo a nuestros derechos constitucionales de petición y de audiencia.
En 2020, las y los integrantes de las 17 comunidades mayas de Hopelchén presentamos una demanda de amparo debido a la grave situación de contaminación y exposición a residuos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, que vivimos en nuestra región. Esta situación es parte de un problema que las comunidades venimos denunciando desde hace más de 10 años, pues diversos estudios -incluyendo información pública- han documentado y encontrado residuos de plaguicidas en el acuífero Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas. De igual forma, en otros documentos se ha concluido que la calidad del agua en diversos puntos de Hopelchén no es apta para uso y consumo humano.
En mayo del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer el amparo en revisión interpuesto por las comunidades mayas debido al interés y trascendencia que este caso supone en temas relacionados con el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, así como con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Desde el año pasado, representantes y lideresas de las comunidades mayas titulares de derechos colectivos, junto con los y las abogadas que nos acompañan, hemos buscado por diversos medios ser recibidos por la ministra María Estela Ríos González sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva para que se lleve a cabo dicha reunión.
El pasado jueves 5 de febrero, ante una nueva solicitud sustentada en el derecho de petición de audiencia, la respuesta ha sido, otra vez, que no es posible hablar con la ministra. En lugar de la audiencia presencial solicitada, nos ofrecieron una llamada por Zoom con personal de su ponencia, lo cual, además de no ser culturalmente adecuado, lo consideramos plenamente discriminatorio por ser evidente que para las comunidades indígenas que habitamos en regiones alejadas de centros urbanos, tener acceso a internet es muy complicado, dada la ineficiencia y mala calidad de dichos servicios.
Ante esta situación, las 17 comunidades involucradas en este asunto queremos expresar nuestro desacuerdo e inconformidad sobre la negativa de la ministra Ríos González a recibirnos presencialmente. Llevamos años recorriendo las vías legales institucionales para obtener justicia; nuestra lucha se remonta a otras muchas acciones legales relacionadas con la deforestación, las semillas transgénicas, la muerte masiva de abejas y contaminación en nuestro territorio.
Debido a lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra respetuosa solicitud a la Suprema Corte para que reciba de manera presencial a las comunidades, trabaje con pertinencia cultural y esté verdaderamente abierta a los pueblos para que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo.
Finalmente, como comunidades mayas estaremos atentas a nuestro caso y a la sentencia que en su momento este máximo tribunal de justicia emita, con la expectativa de que dicha resolución nos conceda el acceso a la justicia y contribuya a resolver una de las múltiples problemáticas ambientales que tenemos en nuestro territorio.
Hopelchén, Campeche, a 15 de febrero de 2026.
ATENTAMENTE,
El Colectivo de las Comunidades Mayas de Los Chenes.
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